Tribunales de Santa Fe: la Corte, el MPA y la Defensa firmaron la paz, pero la mudanza tiene un piso pendiente

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa pusieron fin a la pulseada por el Edificio Anexo de los Tribunales. Este martes firmaron un convenio que reparte 2.628 metros cuadrados entre los dos ministerios públicos y destraba el desembarco de fiscales y defensores en la misma unidad edilicia.

El acuerdo lleva las firmas del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez; la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich; y la defensora general, Estrella Moreno Robinson. El objetivo declarado: concentrar a los actores del sistema penal en un solo edificio y mejorar las condiciones del servicio de Justicia.

Cómo se reparten los metros

El convenio detalla la distribución de los espacios que quedan en manos de los Ministerios Públicos: 318 metros cuadrados en el subsuelo, 350 en el primer piso, 580 en el quinto y 1.380 en el sexto, un sector que todavía está en etapa de finalización de obra.

Desde los organismos calificaron el entendimiento como el resultado de gestiones conjuntas y lo presentaron como una muestra de “responsabilidad institucional y madurez” en la relación entre los poderes del Estado.

El MPA quiere mudarse ya

Vranicich no ocultó la urgencia. Explicó que el MPA pretende avanzar con una primera etapa de traslado hacia el quinto piso y que esa mudanza permitiría desocupar los espacios que hoy usa el organismo y reorganizar sus equipos.

“Hemos llegado a un acuerdo luego de muchas idas y vueltas necesarias. Nos queda la tarea de distribuir a nosotros los espacios. Nos urge porque las condiciones en las que están trabajando no dan para más, lo vamos a hacer lo antes posible”, sostuvo la fiscal general.

La intención es mover al quinto piso un equipo de alrededor de 103 personas, integrado por trabajadores de las unidades de Violencias Altamente Lesivas y Delitos Complejos. “Lo que estamos viendo con el fiscal regional es que ese equipo de trabajo de Violencias Altamente Lesivas, junto con Complejos en principio, pase al piso 5”, precisó.

La Defensa, cerca de las audiencias

Moreno Robinson puso el foco en lo que significa compartir edificio. “Hoy tenemos una situación donde se trabaja en calle San Martín con mucha gente en un espacio reducido, pero por sobre todas las cosas lo que nos interesa es que los defensores puedan estar cerca de las salas de audiencias, de los fiscales, de los jueces, y que la gente acuda a un solo lugar”, explicó.

La defensora general aclaró que no se trasladará la totalidad de la Defensoría Regional, sino una parte importante de sus equipos. En las conversaciones con el MPA se acordó destinar inicialmente el primer piso a la Defensa. “Siempre con esta idea, lo que queremos es dar mejor servicio”, afirmó.

El diálogo sigue abierto

La firma representa un avance, pero las partes admitieron que la discusión por los espacios no está cerrada. Según se informó, habrá nuevas evaluaciones para alcanzar la superficie que ambos ministerios consideran necesaria para trabajar.

Desde los organismos remarcaron que la concentración en una misma unidad edilicia mejorará la articulación entre fiscales, defensores y jueces, y facilitará el acceso de los profesionales del derecho y de la ciudadanía a las distintas dependencias.

Seguridad y gastos: quién paga qué

El convenio también fija cómo funcionará el Anexo. Los Ministerios Públicos instalarán sus respectivos centros de datos en los espacios asignados. El Poder Judicial mantendrá a su cargo exclusivo el monitoreo por videovigilancia y la seguridad integral del predio.

Los gastos de energía eléctrica, telefonía fija y conexión inalámbrica en las áreas de circulación común quedarán en manos de la administración de la Corte Suprema de Justicia.