Tres veces quisieron entrar a controlar el puerto de Ushuaia y no los dejaron: ahora una legisladora exige las pruebas

La legisladora del Partido Verde María Laura Colazo presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo provincial informe con documentación respaldatoria qué está pasando con los controles ambientales en el Puerto de Ushuaia desde que arrancó la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El expediente, identificado como Asunto 567/26, fue ingresado el 30 de septiembre y apunta a un episodio concreto: técnicos provinciales intentaron fiscalizar tres veces durante septiembre y se toparon con la negativa de la autoridad nacional que administra la terminal.

El antecedente que disparó el pedido

Según la documentación que se incorporó al expediente, equipos de la Dirección General de Gestión Ambiental y de la Dirección General de Recursos Hídricos buscaron continuar con tareas habituales de inspección. No pudieron. La negativa de la intervención nacional les cerró la puerta en las tres oportunidades.

Esas visitas frustradas tenían que ver con tres frentes: la auditoría del Certificado Ambiental Anual, el seguimiento y la trazabilidad de los residuos peligrosos que generan los buques, y el control de obras o intervenciones que puedan afectar los recursos hídricos. La Provincia, además, le había reclamado a la ANPyN que explicara con qué fundamento podía impedir el ingreso de sus inspectores.

Qué pide el proyecto, punto por punto

La iniciativa exige un detalle completo de cada fiscalización: las programadas, las solicitadas, las que se concretaron y las que quedaron en la nada. Para cada una reclama fecha, objeto, organismos intervinientes, resultado y las actuaciones administrativas que se hayan generado. También pide copias de notas, solicitudes de ingreso, actas y comunicaciones cruzadas entre los organismos provinciales, la intervención del puerto y la autoridad nacional.

En materia de residuos peligrosos, el pedido apunta a conocer tipos y cantidades, quiénes los generan, qué transportistas y operadores habilitados intervienen, los manifiestos, el destino y el tratamiento final. Suma los mecanismos usados para garantizar la trazabilidad y el estado del Certificado Ambiental Anual junto con sus auditorías.

Sobre el agua, el proyecto busca identificar modificaciones de costa, obras hidráulicas, drenajes, amarraderos u otras instalaciones ejecutadas, iniciadas, autorizadas, licitadas o proyectadas desde que comenzó la intervención. Para cada caso deberán informarse las evaluaciones, permisos y autorizaciones ambientales o hídricas provinciales que correspondan.

El argumento: la Provincia tiene competencia

Los fundamentos repasan el marco legal fueguino. La Ley 69 le asigna funciones de protección ambiental a la Dirección Provincial de Puertos. Las leyes 55, 105 y 1126 regulan la protección ambiental, los residuos peligrosos y los recursos hídricos. La Constitución provincial también reconoce facultades sobre ambiente, aguas y poder de policía portuario.

Con ese respaldo, la pregunta que atraviesa todo el expediente es quién ejerce hoy el control ambiental efectivo dentro del puerto. Para responderla, Colazo pide informes, actas, auditorías, monitoreos y registros producidos desde el inicio de la intervención, más el detalle de las acciones administrativas o judiciales iniciadas, proyectadas o todavía bajo análisis para garantizar las competencias provinciales.

Qué dijo Colazo

La legisladora planteó la necesidad de determinar “qué controles ambientales se encuentran actualmente realizándose dentro del Puerto de Ushuaia, qué organismos los ejecutan, qué inspecciones provinciales fueron solicitadas, realizadas o impedidas” y mediante qué procedimientos se garantiza el cumplimiento de la normativa.

El plazo y el objetivo

Si el proyecto se aprueba y el requerimiento llega al Ejecutivo, la documentación deberá entregarse en un plazo máximo de diez días. La meta, según los fundamentos, es contar con “información oficial, completa y actualizada” sobre el estado ambiental del puerto y las actuaciones desarrolladas durante la intervención nacional.