Tres policías apartados, sus celulares bajo la lupa: qué buscan encontrar en los chats

La investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel dentro de la Comisaría Séptima de Río Gallegos dio un paso que puede cambiar el eje del expediente. Gendarmería Nacional allanó tres viviendas particulares y se llevó los teléfonos celulares de los tres policías que ya habían sido separados de la fuerza provincial.

Los procedimientos se ejecutaron el martes con hermetismo, en la capital santacruceña, y estuvieron a cargo de efectivos federales. La orden la firmó el juez de Instrucción Penal N° 3, Gerardo Giménez.

Qué buscan en los dispositivos

Los aparatos serán sometidos a peritajes informáticos de alta precisión, según pudo saber La Opinión Austral por fuentes consultadas. El objetivo: reconstruir registros de llamadas, conversaciones de mensajería y, sobre todo, detectar si hubo borrado de contenido durante y después de lo ocurrido en la celaduría de la seccional.

En los allanamientos, los sospechosos no quedaron detenidos.

La noche que terminó con un hombre muerto

El hecho se desató la noche del viernes 16 de octubre en el barrio San Benito. Un niño de 10 años llegó corriendo al Gimnasio Municipal Indio Nicolai y pidió ayuda: denunciaba un presunto episodio de violencia familiar entre su madre y su padrastro.

El llamado al 911 movilizó un patrullero de la Séptima hasta una casa de la manzana 71. La versión policial de los primeros partes indicaba que los uniformados encontraron a un hombre alterado y a una mujer de 36 años con una lesión visible en el labio inferior. Ante la supuesta resistencia del sospechoso a salir del domicilio, se pidió apoyo al Comando de Patrullas.

Ese relato empezó a caerse con las revelaciones de este medio, que anticipó que durante la reducción se aplicó una maniobra de sujeción cervical. El dato quedó ratificado por el Cuerpo Médico Forense: Claros Ferrel, ciudadano boliviano de 35 años, murió por una “asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento”. La autopsia descartó la hipótesis oficial de una descompensación o de problemas de salud previos.

La querella y la calificación que reclama

El dictamen reordenó la estrategia de la familia de la víctima. El abogado querellante Matías Solano fue taxativo en diálogo con LU12 AM680: “A Gilmar lo mataron, y hablamos ya en principio de un homicidio agravado”.

La Justicia provincial instruye la causa con respaldo de las fuerzas federales. La lupa no apunta solo al momento en que el hombre fue tomado del cuello dentro de la vivienda.

También se revisa la cadena de mandos y lo que hicieron los efectivos que estaban en la Comisaría Séptima cuando la víctima ingresó y luego fue declarada muerta, después de maniobras de reanimación cardiopulmonar que no dieron resultado. Se busca establecer quiénes estaban de turno, qué grado de participación tuvo cada uno, cuánto tardó la respuesta médica y qué comunicaciones se emitieron tras el deceso.

Dieciocho uniformados bajo sospecha

Fuentes consultadas por este diario precisaron que el universo de policías de Santa Cruz comprometidos institucionalmente llega a 18. Las sospechas van desde la coautoría en el homicidio hasta un eventual encubrimiento agravado, con alteración de la escena o falseamiento de los libros de guardia.

En ese grupo aparecen los primeros efectivos que entraron a la casa de la manzana 71 —señalados por la pareja de Claros Ferrel por haber ingresado sin orden judicial y por haberlo golpeado cuando ya estaba esposado y reducido—, el personal fijo de la seccional y los agentes del Comando de Patrullas que actuaron como apoyo táctico.

Por ahora, Giménez no dictó imputaciones formales ni ordenó detenciones. La previsión es que en las próximas jornadas los 18 uniformados sean citados a declarar como testigos.

Esa instancia permitirá cruzar sus dichos con el resultado de las pericias sobre los celulares secuestrados. Si las evidencias lo respaldan, el expediente podría avanzar hacia indagatorias con la condición de acusados.

El caso de violencia policial conmociona a Río Gallegos, a toda Santa Cruz y también a Bolivia, el país de origen de la víctima.