Tres obras clave para la Justicia fueguina quedaron a un paso de Nación
Tres obras para la Justicia fueguina ya tienen destino y hasta terreno: Tolhuin, Puerto Almanza y Ushuaia. Pero lo que parecía un trámite cerrado sigue trabado en la misma instancia de gestión.
El Poder Judicial de Tierra del Fuego llevó a Buenos Aires tres proyectos de infraestructura que buscan ampliar y mejorar sus instalaciones en Tolhuin, Puerto Almanza y Ushuaia. La presentación se hizo ante el Ministerio de Justicia de la Nación, donde se analizaron alternativas de cooperación y financiamiento para poder concretarlas.
La reunión estuvo encabezada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, María del Carmen Battaini, junto al director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone. También participó la responsable del Área de Acceso a Justicia, Jessica Name.
Qué incluye cada proyecto
El primero de los proyectos prevé la construcción en Tolhuin de un espacio específico para los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa. La idea es acompañar el crecimiento de la actividad judicial y ampliar los servicios que hoy se prestan en la localidad.
El segundo apunta a Puerto Almanza y está vinculado con la plataforma omnicanal de Acceso a Justicia. En esa localidad ya se realizó la primera prueba institucional del sistema, pensado para facilitar la atención de los vecinos y la articulación con otros organismos del Estado. A partir de esa experiencia, el Poder Judicial planteó a Nación la posibilidad de recibir acompañamiento para construir las instalaciones que consoliden el servicio.
El tercero corresponde a Ushuaia: la puesta en valor de un inmueble del Poder Judicial ubicado en el sector de Fadul y Perón Sur. El objetivo es recuperar el edificio y generar nuevos espacios para uso institucional.
Una gestión que recién empieza
Las tres iniciativas forman parte de la planificación de infraestructura del Poder Judicial fueguino. Por ahora, todo se encuentra en una instancia de gestión: se trata de determinar qué mecanismos de cooperación o financiamiento podrían instrumentarse junto al Gobierno nacional.
