Tres médicos quisieron evitar el juicio con plata: el juez les puso un freno

¿Pagar para no ir a juicio? Tres médicos de Tartagal ofrecieron millones a la familia de un chico de 17 que murió en el hospital, pero el juez no se la creyó. ¿Qué les dijo?

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Tres médicos quisieron evitar el juicio con plata: el juez les puso un freno
Tres médicos quisieron evitar el juicio con plata: el juez les puso un freno

Un nuevo capítulo se escribió en la causa por la muerte de un adolescente de 17 años en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. La Justicia rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba que habían presentado las defensas de tres médicos imputados por homicidio culposo.

Los profesionales, que se desempeñan en ese centro de salud, seguirán sometidos al proceso penal. La decisión la tomó el juez de Garantías 1, Marcelo Alvarado, quien consideró que no estaban dadas las condiciones para frenar el debate.

El caso se originó tras la muerte del joven, ocurrida el 19 de octubre de 2025 en el hospital tartagalense. Según consta en el expediente, el chico había llegado con un cuadro de peritonitis y falleció a causa de una septicemia generalizada.

La oferta de los imputados

Durante una audiencia, las defensas plantearon distintas formas de reparación para intentar evitar el juicio. Uno de los médicos ofreció pagar 25 millones de pesos, mientras que otro propuso 10 millones. También se mencionaron la entrega de un vehículo, la realización de tareas comunitarias y la donación de elementos a instituciones.

Además, los imputados pidieron que no se les aplicara una inhabilitación para ejercer la medicina. Sostuvieron que necesitaban seguir trabajando para poder cumplir con los compromisos económicos que habían ofrecido.

Tanto las partes como el padre de la víctima, que se presentó como querellante, habían dado el visto bueno a la reparación. Incluso dejaron abierta la chance de un juicio civil posterior. Pero el magistrado no se convenció.

El argumento del juez

Alvarado fue contundente al explicar su postura: "No es razonable ni lógico pretender evitar el juicio mediante el pago de una reparación económica y además querer conservar intacta la actividad profesional en cuyo ejercicio se produjo el hecho investigado, como si no hubiese pasado nada".

Con este revés, los tres profesionales deberán afrontar el proceso penal que se les sigue por la muerte del adolescente.

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