Tres empleados de la Justicia y un cargamento de armas: qué pidió la fiscal y qué respondieron las defensas
Tres empleados judiciales quedaron en el centro de la acusación por las armas que tenían bajo su guarda. La fiscal pidió 6 años, pero las defensas golpearon con un argumento que podría cambiarlo todo: qué dijeron sobre la investigación.
El juicio por el robo de armas pertenecientes al Poder Judicial en Río Turbio entró en su etapa decisiva y los alegatos dejaron posiciones irreconciliables. La fiscal Verónica Zuvic pidió penas de hasta 6 años de prisión para los tres imputados, mientras que las defensas reclamaron la absolución plena.
Las novedades se conocieron en el programa “La mañana de LU12”, que siguió el desarrollo de la audiencia en la Cámara Oral.
Qué sostuvo la fiscalía
Para Zuvic, existió una maniobra deliberada para sacar el armamento de la dependencia y colocarlo en el mercado. “Existió una maniobra para retirar las armas y hacerlas circular”, afirmó la funcionaria judicial, que ubicó el objetivo en la comercialización a cambio de dinero.
Los señalados son tres imputados que trabajaban en la sede judicial y que, precisamente, tenían a su cargo la guarda del armamento. Ese vínculo con el material sustraído es uno de los ejes de la acusación.
El pedido de pena se ajustó a los topes que contempla el Código Penal: hasta 6 años de prisión.
La estrategia de las defensas
Del otro lado, los abogados técnicos de los acusados pidieron que sus clientes “queden libres de culpa y cargo”. La absolución se apoyó en dos argumentos centrales: cuestionaron la contundencia de las pruebas aportadas y denunciaron severas “irregularidades en la investigación” durante la etapa de instrucción.
Ese último punto podría ser determinante en la resolución.
Qué deberán resolver los jueces
El tribunal tiene por delante dos tareas complejas. Por un lado, dirimir el grado de responsabilidad individual de cada uno de los implicados, sin atribuir a todos por igual el mismo peso en la maniobra.
Por otro, evaluar si las deficiencias señaladas en la investigación inicial modifican el fallo. En el análisis del caso se advirtió que la resolución podría derivar en penas menores o incluso en una “prisión en suspenso”, una alternativa que dejaría a los acusados en libertad pese a una eventual condena.
