Tres cortesanos decidieron sobre las tierras: el fallo que encendió a La Pampa
Firmaron un comunicado, apuntaron contra tres jueces de la Corte Suprema y advirtieron que la decisión deja el territorio argentino al borde de un cambio irreversible. Qué protegía la ley que quedó sin efecto.
Organizaciones sociales y políticas de La Pampa salieron con un comunicado durísimo contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un fallo que deja sin efecto el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras y, según advierten, abre la puerta a una mayor extranjerización del territorio argentino.
La firma la pusieron el Partido Comunista, Patria Grande, PTP-PCR, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), FTV-MILES, La Manuel Ugarte, el PSA y el Movimiento Mayo, todos nucleados en el espacio que denominaron Encuentro Patriótico.
Qué decidió la Corte y por qué genera rechazo
El 29 de septiembre, a menos de dos meses de la movilización popular del 6 de agosto que había puesto un freno al intento del Gobierno nacional de avanzar sobre la Ley de Tierras, el máximo tribunal rechazó el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata.
Para las organizaciones, ese fallo “representa un grave retroceso en la defensa de la soberanía nacional y de nuestros bienes comunes”. Y apuntaron directo a los jueces: “Tres cortesanos vendepatrias no pueden decidir sobre la voluntad de millones de argentinos y argentinas ni disponer del futuro de nuestra patria”.
El texto también sostiene que la decisión judicial es contradictoria con los intereses populares y con la voluntad de quienes defienden la soberanía territorial y los recursos naturales.
El DNU, la ley derogada y el amparo que quedó sin efecto
El artículo 154 del DNU 70/2023, dictado en diciembre de 2023, derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que fijaba límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo, pero el reciente fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto esa protección judicial.
Las organizaciones inscriben la medida en “una ofensiva que busca facilitar la apropiación de nuestros recursos naturales”. Recordaron que cuando el Gobierno de Milei intentó avanzar por la vía legislativa con el proyecto de ley “de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que implicaba eliminar restricciones fundamentales de la Ley de Tierras, la movilización popular logró frenarlo. “Ahora, mediante una decisión judicial, se pretende avanzar sobre derechos e intereses fundamentales de nuestro pueblo”, advirtieron.
Qué protegía la Ley de Tierras
La norma establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales: un tope del 15% a escala nacional, provincial y departamental, restricciones a la cantidad de hectáreas que podían adquirir los extranjeros y protecciones sobre zonas de frontera y cuerpos de agua de importancia estratégica.
Con esas garantías eliminadas, según el comunicado, quedan en riesgo “nuestra soberanía territorial, nuestros lagos, nuestros ríos y nuestros bienes comunes”, al facilitar la concentración y extranjerización de tierras en manos de capitales extranjeros y sus socios locales.
El pronunciamiento apunta contra “las oligarquías terratenientes, el imperialismo norteamericano y sus socios ingleses y sionistas”, a los que acusa de profundizar el saqueo de los recursos y la entrega de la soberanía. “Estamos ante una Justicia que, con decisiones como esta, se pone al servicio de los grandes monopolios extranjeros y de sus cómplices locales”, sostuvieron.
El pedido y la convocatoria a movilizarse
El Encuentro Patriótico exigió la derogación completa del DNU 70/2023, rechazado por el Senado de la Nación y cuyo tratamiento en la Cámara de Diputados sigue pendiente. Para las organizaciones, ese es el camino para recuperar la plena vigencia de las protecciones legales y evitar consecuencias irreversibles.
Además, convocaron a organizaciones populares, sociales, sindicales, políticas y a toda la ciudadanía a mantenerse en estado de alerta y movilización, con el argumento de que la respuesta popular del 6 de agosto demostró que la organización puede poner límites a los proyectos que comprometen el futuro del país.
“La patria no se vende, se defiende. ¡La tierra es soberanía!”, cierra el comunicado.
