Un descubierto de $500 millones, una tasa que puede moverse y un antecedente que el oficialismo ya conoce: los tres concejales opositores apuntan contra el nuevo pedido de Álvarez Pinto y anticipan por dónde piensan frenarlo.
El regreso de Juan Álvarez Pinto a la intendencia de Villa de Merlo volvió a encender la disputa por el endeudamiento municipal. Tres concejales de la oposición salieron a cuestionar el nuevo proyecto del Ejecutivo para tomar un descubierto de hasta 500 millones de pesos en el Banco Supervielle, con tasa de interés variable.
Se trata de Lucía Miranda, del Frente Justicialista; Ana Laura Ferrarotti, del Colectivo Comechingones; y Daniel Orué, del Socialismo Merlino. Los tres firmaron un comunicado conjunto en el que afirman que la iniciativa choca con la Constitución provincial y con el Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
El antecedente que complica al oficialismo
El planteo no llega en un momento cualquiera. El 22 de octubre el Concejo le dio un revés político al oficialismo al rechazar tres proyectos de financiamiento que se habían impulsado durante el interinato de Leonardo Rodríguez y que contemplaban operaciones por hasta 1.900 millones de pesos.
Para los ediles, la nueva solicitud es una operación que ya fue desestimada por el cuerpo, aunque ahora con un monto menor (500 millones) y una tasa variable. La discusión, dicen, se intenta reabrir después de haber quedado resuelta.
Los dos argumentos legales que esgrimen
El primer cuestionamiento se apoya en el artículo 80 del Reglamento Interno, fijado por la Ordenanza Nº X-1087-C.D.-2022. Según la interpretación de los concejales, esa norma impide volver a tratar dentro del mismo año legislativo un proyecto que ya fue rechazado.
Los firmantes sostienen que cambiar el número de expediente, la denominación de la iniciativa o la autoridad que la presenta no alcanza para habilitar un nuevo tratamiento. Hasta el momento, esa lectura no tiene una resolución institucional que declare inválido el nuevo expediente.
El segundo eje apunta al artículo 258, inciso 12, de la Constitución de San Luis. De acuerdo con los concejales, esa disposición prohíbe recurrir al crédito público para financiar gastos corrientes, y un descubierto bancario destinado a cubrir necesidades de funcionamiento municipal podría contradecirla.
A eso le suman una advertencia económica: con tasa variable, los intereses podrían moverse durante la vigencia del acuerdo con el Banco Supervielle y encarecer la operación.
El reclamo por los fondos provinciales
Los tres representantes opositores también pidieron que el Ejecutivo explique por qué insiste con el financiamiento bancario en lugar de buscar otras vías, como los anticipos de coparticipación provincial.
"Existen fondos que ya fueron enviados por la Provincia para obras y herramientas legales previstas, como los anticipos de coparticipación. El Ejecutivo municipal debe dar explicaciones acerca del uso de los fondos", expresaron en el comunicado.
La declaración, además, reclama que se priorice la regularización de las cuentas municipales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y el pago de bonos que, según los concejales, siguen pendientes.
El pronunciamiento llega después de una crisis financiera que incluyó demoras en el pago de salarios a funcionarios y dificultades para afrontar compromisos con proveedores durante la gestión interina.
