Tras los siete secuestros, una funcionaria de Dorila movió una carta clave para los barrios del otro lado de la ruta
Una funcionaria de Dorila se cansó de los robos y le envió un pedido al intendente. La carta menciona dos barrios puntuales y una partida de 13,5 millones que podría tener otro destino.
La presidenta del Concejo Deliberante de Dorila, Vilma Morales, formalizó un pedido al intendente Wilson Rodríguez para que el municipio amplíe la red de cámaras de seguridad y arme un plan de prevención a medida. La movida llegó después de una seguidilla de hechos policiales que sacudió a la localidad.
Hoy la red pública cuenta con 18 cámaras distribuidas en puntos considerados estratégicos: el acceso principal, la zona de las vías, la plaza, el corralón municipal, el viejo molino, el frente del municipio y la escuela, entre otros lugares.
El episodio que encendió la alarma
Días atrás, el personal del destacamento policial local logró recuperar siete motocicletas robadas en distintos operativos. Primero, en un domicilio de la localidad, los efectivos encontraron una Corven Energy roja que había sido denunciada como sustraída.
Horas más tarde, los mismos uniformados hallaron otras cuatro motos escondidas en inmediaciones de una arboleda de eucaliptos cercana al pueblo. En esa misma madrugada, el operativo se completó con el secuestro de una Honda Tornado de 250 cc.
El pedido puntual al Ejecutivo
En la nota enviada al intendente, Morales planteó la necesidad de "solicitar que se evalúe y gestione la ampliación de cobertura del sistema de cámaras de seguridad priorizando los accesos a nuestra localidad, las principales vías de circulación y los sectores de mayor concurrencia de personas".
La titular del Concejo fundamentó el reclamo en que los últimos episodios "ponen de manifiesto situaciones de vulnerabilidad y la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y protección de nuestros vecinos y vecinas".
La deuda pendiente con Villa Arteazu y La Merced
Morales también pidió un plan específico para los barrios Villa Arteazu y La Merced, emplazados del otro lado de la ruta provincial 1. Según argumentó, allí "residen familias dorilenses que deben contar con las mismas condiciones de seguridad, prevención y protección que el resto de la comunidad".
Para esos sectores, la presidenta del Concejo consideró que hace falta "una atención particular que contemple sus características territoriales, las vías de acceso, la iluminación pública, la instalación de cámaras de seguridad y la articulación con las fuerzas policiales para garantizar una adecuada cobertura preventiva".
Los 13,5 millones que podrían reasignarse
En el mismo escrito, Morales recordó que la comuna recibió una partida provincial de 13,5 millones de pesos para situaciones de emergencia. Por eso solicitó que "se evalúe la posibilidad de destinar parte de esos recursos a las iniciativas mencionadas, siempre que las condiciones de asignación permitan su utilización para tal fin".
