Tras el rechazo de 18 provincias, LLA insiste con la reforma de Salud Mental: ¿qué cambia?

El oficialismo intenta destrabar la reforma de la ley de Salud Mental que impulsa en el Senado, pese al rechazo que generó en 18 provincias. La jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvieron esta semana reuniones virtuales con los titulares de las carteras sanitarias provinciales para acercar posiciones.

Según informaron desde el Ministerio de Salud nacional, los encuentros tuvieron como objetivo "comentarles cuáles eran los cambios realizados al proyecto presentado por el Ministerio de Salud". Las reuniones se hicieron por tandas: la primera incluyó a Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy; la segunda a Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones; y la tercera a Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

¿Qué cambios propone el proyecto?

La agencia Noticias Argentinas anticipó que una de las modificaciones centrales es que en los casos de internación involuntaria se requerirá la firma de dos profesionales, de los cuales uno debe ser médico y, en lo posible, psiquiatra. En el proyecto original, solo este último podía firmar.

Se mantendría que las internaciones involuntarias solo se podrán concretar "ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros", y en casos excepcionales se ampliaría el plazo de 48 horas para comunicar los motivos a la justicia.

También se establecería un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de salida.

Otro punto que se evalúa es incorporar un artículo específico sobre consumo problemático de sustancias en menores, que deberán ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil. Además, se mantendría la prohibición de crear manicomios y de la internación crónica por salud mental, pero se eliminarían los artículos referidos a la ley 26.827 sobre el Comité de Tortura.

El rechazo de las provincias

La iniciativa ya había tenido reuniones informativas en abril y mayo en las comisiones de Salud y Legislación General, sin lograr consenso. En abril, durante el Congreso Provincial de Salud de la provincia de Buenos Aires (CoSaPro), 18 provincias expresaron su rechazo a las modificaciones, advirtiendo que la iniciativa "implica un retroceso en materia de derechos, al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso a la atención en situaciones de urgencia e internación, y desarticular el enfoque comunitario que establece la legislación vigente".

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense revelaron que en los cónclaves virtuales "los ministros le pidieron por unanimidad vía WhatsApp a Lugones que sea presencial en COFESA", y que en la última reunión por zoom del miércoles "quedaron en comprometerse" a hacerlo.

Desde Salud de PBA también exigen que se dé marcha atrás con los modelos sanitarios que sustituyen el manicomio, tal como piden la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organismos internacionales de derechos humanos; que las jurisdicciones se sostengan como máximas responsables de las políticas sanitarias; que se elimine el mínimo de presupuesto para salud mental y que se evite la sobrecarga sobre el rol de la psiquiatría.