Tras el desalojo en Humahuaca, exigen que funcionarios den explicaciones en la Legislatura
¿Qué pasó realmente en el desalojo de Santa Rosa? La diputada Natalia Morales exige respuestas y denuncia graves violaciones a los derechos humanos. Los detalles que el Gobierno no quiere contar.
La diputada provincial del Frente de Izquierda, Natalia Morales, solicitó formalmente la interpelación en la Legislatura de los funcionarios que participaron del operativo policial en la comunidad de Santa Rosa. Denunció violencia de género, agresiones a menores y omisión de auxilio médico, en un hecho que generó repudio y presentaciones judiciales por abuso de autoridad.
Violencia estatal y racismo
En diálogo con Radio 2, Morales cuestionó al vocero del Gobierno provincial, Alberto Siufi, por estigmatizar a los comuneros y justificar un accionar que consideró desmedido. Según la legisladora, el operativo incluyó gases lacrimógenos en lugares con presencia de niños y balas de goma apuntando al rostro de los manifestantes.
“Hay tanta crueldad en cómo el vocero toma con liviandad, justifica y avala un accionar represivo. Las mismas imágenes y fotos de ese día muestran una violencia estatal que no pueden fundamentar”, remarcó. Por eso, pidió que todos los involucrados comparezcan ante el cuerpo legislativo.
Fallas en la atención médica
Uno de los puntos más graves señalados por Morales es la presunta orden al SAME de no ingresar a la zona del desalojo, lo que habría impedido atender a los heridos. Según testimonios de la comunidad, al menos tres personas recibieron impactos de balas de goma en el rostro y una mujer embarazada denunció la pérdida de su embarazo.
“Tienen que dar explicaciones sobre el incumplimiento de los protocolos de uso de armas no letales: está prohibido disparar al rostro y al cuerpo”, enfatizó la diputada.
La disputa por los territorios
Para Morales, los episodios en Santa Rosa, Cueva del Inca y La Quiaca Vieja no son hechos aislados, sino parte de un conflicto estructural por intereses inmobiliarios y mineros sobre tierras ancestrales. La falta de entrega de títulos de propiedad comunitaria, garantizados por la Constitución Nacional, sería el origen de la tensión.
“Jujuy funciona como un laboratorio. Lo que habría que preguntar, en vez de responder con tanta violencia cada vez que hay una defensa territorial, es por qué no dan respuesta a la entrega de títulos de propiedad comunitaria”, concluyó.