Tras dos semanas a la intemperie: la Justicia ordenó que vuelvan a sus casas
¿Qué pasó con las 60 personas que quedaron en la calle en pleno invierno? La Justicia salteña dio un giro inesperado.
La Justicia dio marcha atrás y ordenó la restitución de las viviendas a la comunidad diaguita calchaquí de Las Pailas, desalojada el pasado 12 de junio del paraje San Gabriel, en Cachi. La decisión llega después de que 60 personas, entre ellas 18 menores y cuatro adultos mayores, pasaran dos semanas a la intemperie con temperaturas bajo cero.
La abogada de la comunidad, Verónica Huber, confirmó que la Policía ya recibió la orden para ejecutar el regreso. “El desalojo fue más allá de lo que decía la sentencia”, denunció en FM Ya 91.3. Según Huber, la orden judicial original solo autorizaba el desalojo de un potrero de cuatro hectáreas con vacas y una hectárea sembrada, pero se terminó expulsando a sesenta personas de sus hogares.
Condiciones extremas durante el desalojo
Durante los días posteriores al operativo, las familias perdieron no solo sus viviendas, sino también cultivos, animales y el sistema de agua construido por la comunidad. “Había nueve grados bajo cero. Eran sesenta personas viviendo como podían, fuera de sus casas, sin sus pertenencias y expuestas al frío”, relató Huber. Entre los afectados también había una persona con discapacidad y otra con tratamiento por enfermedad crónica.
La restitución deberá ser ejecutada por los jueces de paz de Seclantás y Cachi.
Ahora apuntan contra la jueza
Pese a la nueva resolución, la comunidad adelantó que impulsará un pedido de jury contra la magistrada que intervino en el expediente. Huber explicó que el planteo ya estaba preparado antes de conocerse la restitución y será actualizado con los últimos hechos. Además, reclamarán judicialmente por los daños ocasionados durante el desalojo. “Hay daños que ya no tienen vuelta atrás y serán reclamados”, afirmó.
El reclamo por las tierras continúa
Desde la comunidad remarcaron que el conflicto de fondo sigue siendo el reconocimiento definitivo de los derechos territoriales. Huber recordó que llevan más de veinte años reclamando que el Estado reconozca la posesión ancestral de esas tierras. “Para ser dueño de un inmueble no alcanza solamente con una escritura. También existe la posesión, y estas comunidades viven allí desde hace generaciones, incluso antes de la conformación del Estado argentino”, concluyó.
