Traducciones truchas en San Juan: el Colegio salió a marcar la cancha y hay recaudos que nadie toma

Una joven quedó imputada por operar sin título ni matrícula en San Juan y el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia salió a responder con un comunicado que apunta directo a quienes contratan el servicio. La entidad recordó que exigir un profesional matriculado no es una opción: es una condición legal para que los documentos tengan validez oficial.

El respaldo normativo es concreto. El artículo 36 del Decreto Reglamentario N° 7/2021-A establece que los documentos expedidos en el exterior o redactados en idioma extranjero deben presentarse acompañados de su traducción hecha por un traductor o traductora matriculado/a. La exigencia no es caprichosa: apunta a resguardar la seguridad jurídica y la fe pública.

Solo los profesionales inscriptos legalmente pueden certificar la fidelidad, veracidad y exactitud de un texto, y darle eficacia plena en trámites judiciales, administrativos, académicos y comerciales.

Qué es y qué no es el Colegio

La institución también aprovechó para aclarar su rol, ante la confusión que suele generarse. Es una organización sin fines de lucro, con directivos que cumplen funciones ad honorem, y su tarea es respaldar la idoneidad mediante un proceso estricto de matriculación y legalización de firmas.

“El Colegio no es una fuente de empleo, una empresa de traducción ni un instituto de idiomas”, remarcaron desde la entidad.

Los recaudos que conviene tomar antes de contratar

Para evitar situaciones como la que investiga la Justicia local, el Colegio difundió una serie de pautas prácticas. La primera es verificar la habilitación profesional: ante alguien que ofrece servicios sin respaldo académico, el cliente debe saber que solo un traductor matriculado ofrece garantía legal.

La segunda es dejar constancia por escrito. Al coordinar un trabajo, conviene formalizar presupuestos, plazos, condiciones y alcances por correo electrónico, WhatsApp o contrato. Si el documento contiene información sensible, el usuario tiene derecho a pedir un acuerdo de confidencialidad.

La tercera es apelar al respaldo institucional. Si surge un inconveniente con un profesional matriculado, el Colegio ofrece instancias de mediación para resolver el conflicto y evitar gastos mayores por contratar a otra persona.

El comunicado cierra con una idea central: exigir traductores matriculados excede el trámite burocrático y constituye un compromiso con la calidad, la transparencia y la protección de los derechos de toda la comunidad sanjuanina.