Trabajadores del puerto de Ushuaia denuncian contrataciones millonarias: 'Nos están quitando el puerto a la provincia'

Empleados de la Dirección Provincial de Puertos lanzaron duras críticas contra la intervención federal del puerto de Ushuaia, señalando que las contrataciones millonarias no responden a necesidades reales y que el manejo de fondos carece de transparencia. La denuncia fue encabezada por Adrián Bleuer, quien aseguró que la Justicia y la política los dejaron indefensos.

La intervención del puerto, que está en manos de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), viene generando malestar entre los trabajadores. Según Bleuer, las decisiones tomadas desde Nación ponen en riesgo la autonomía provincial y el futuro de una infraestructura clave para Tierra del Fuego.

¿Qué es lo que denuncian exactamente?

Bleuer detalló que antes de la intervención, el servicio de limpieza y mantenimiento del puerto costaba alrededor de 7 millones de pesos mensuales. Ahora, la intervención proyecta un contrato de casi 90 millones de pesos, sin especificar qué trabajos se realizarán ni en qué edificios. “Pintar o reparar algo que está bien es un despropósito”, afirmó.

Otro ejemplo que mencionó fue la contratación por 150 millones de pesos para el mantenimiento de cisternas de agua, que actualmente funcionan como respaldo porque el abastecimiento principal viene de dos conexiones directas de DPOSS. “No tiene sentido asignar semejante cantidad de recursos a una obra que no representa una necesidad urgente”, sostuvo.

El rol de la AGP en disolución

El trabajador también cuestionó que la ANPyN haya derivado parte de las actuaciones a la Administración General de Puertos (AGP), una empresa que está en proceso de liquidación. “Cuando una empresa está en liquidación debería dedicarse a cerrar su actividad, pero acá la están fortaleciendo, le transfieren fondos y nadie sabe cómo se administran”, explicó.

Bleuer fue contundente: “Lo que vemos es una sucesión de licitaciones y adjudicaciones que parecen orientadas a usar los fondos, no a resolver los problemas que justificaron la intervención”.

“La Justicia todavía no resuelve y la política tampoco acompaña. Por eso sentimos que estamos bastante indefensos”, concluyó.