Trabajadores con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad recibieron una notificación que los pasó de planta permanente a contratados. La jugada que ATE denunció ante la Justicia y que deja a los afiliados de Misiones en una situación crítica.
Diecisiete empleados de la obra social de las Fuerzas Armadas en Misiones recibieron la notificación de que dejarán de pertenecer a la institución el próximo 30 de noviembre. La medida llegó sin aviso previo y con un argumento que el gremio ATE califica de vacío: un cambio de categoría que, según los trabajadores, apunta a evitar el pago de indemnizaciones.
Las sucursales de IOSFA en Posadas y Puerto Iguazú continúan abiertas y atendiendo al público, pero la decisión ya despertó indignación entre el personal. Este jueves se realizó una asamblea en la capital provincial para definir los pasos a seguir y visibilizar la situación.
Néstor Acuña, integrante de la comisión directiva de ATE, confirmó a El Territorio que esta semana el sindicato presentó una medida cautelar y un recurso de amparo ante la justicia laboral. El objetivo es doble: revertir las desvinculaciones y lograr que IOSFA reconozca la antigüedad y la estabilidad laboral que había acordado con el personal en 2023 mediante una disposición nacional.
Un despido que llega después de décadas de servicio
La distribución de los afectados es despareja. En Posadas son 16 los trabajadores alcanzados. En Puerto Iguazú, en tanto, quedó fuera de la institución el único agente civil que se desempeñaba en esa delegación.
Maximiliano Tworowski es ese empleado. Su relato describe un puesto que excedía largamente la tarea administrativa: “hacía de todo y mucho más que solo tomar autorizaciones”, contó. “Atendía, autorizaba los pedidos, los cargaba al sistema, limpiaba la sucursal, trataba con los proveedores, asistía a las personas que se acercaban con sus recetas electrónicas. Este trabajo requiere empatía y es entender que son personas que atraviesan problemas críticos de salud”, lamentó.
Según detalló, la sucursal de Puerto Iguazú nunca tuvo más de tres personas asignadas. Hoy atiende a 350 agentes activos de las fuerzas armadas, a los que hay que sumarles sus grupos familiares. “Es muchísimo para una sola sucursal y hace 13 años que resolvía todo esto solo”, cuestionó.
Tworowski no limitó su advertencia a la pérdida del empleo. “Desde la administración no ven más allá de los despidos, no tienen idea de la realidad de las personas que se atienden en esta obra social. Y a esto sumada la deficiente prestación”, afirmó.
Los medicamentos, a más de 100 kilómetros
La prestación ya venía golpeada en el norte de la provincia. El empleado desvinculado contó que desde mayo las farmacias y sanatorios que tenían convenio con IOSFA en Puerto Iguazú dejaron de atender a los afiliados. Muchos pacientes debieron pagar la totalidad de sus medicamentos y luego iniciar un trámite para recuperar el dinero.
Otros optaron por otra salida: recorrer más de 100 kilómetros para conseguir sus remedios en farmacias conveniadas. “Se tenían que ir a Oberá, a Leandro N. Alem o a Puerto Libertad para conseguir medicamentos, y gracias a que pude resolver y comunicarme personalmente con estas farmacias, varios afiliados consiguieron sus remedios sin pagar tan alto costo”, relató.
Desde ATE sostienen que el vaciamiento de la obra social en puntos estratégicos de Misiones no solo golpea la estabilidad de los trabajadores. También les quita a los afiliados la posibilidad de tener un espacio físico donde atenderse, consultar o radicar sus reclamos.
La letra chica de la disposición 709
Acuña explicó el mecanismo detrás de las desvinculaciones. Todo se sustenta en la disposición 709, que dejó sin efecto una norma del 2023 que había reconocido la estabilidad laboral de un grupo de empleados.
“El viernes recibimos una disposición que da por nula la 412/2023, que les había otorgado estabilidad laboral a compañeros que vienen trabajando hace 10, 20 y hasta 30 años. Ahora no les reconocen esa estabilidad y los pasan a todos como contratados. De esa manera, los van a despedir sin pagarles la indemnización”, señaló el dirigente.
Según su relato, tras la notificación del cambio de situación laboral, los empleados empezaron a recibir comunicaciones sobre la finalización de sus contratos a fin de mes. Pese a la incertidumbre, aclaró que los trabajadores siguen presentándose en sus puestos y cumpliendo sus tareas habituales.
Además de las presentaciones judiciales, los afectados rechazaron formalmente las notificaciones y enviaron telegramas para exigir el reconocimiento de la estabilidad. El gremio aguarda una resolución de la justicia laboral que frene las desvinculaciones.
“Estamos peleando para que se reconozca la estabilidad de estos trabajadores. Ya se hicieron las presentaciones judiciales y ahora estamos esperando que puedan salir a favor nuestro, para darles tranquilidad a los compañeros que están en esta situación”, expresó Acuña.
El trámite que no todos pueden hacer solos
La reducción de personal también tendrá consecuencias sobre la atención, advirtió el sindicalista. Buena parte de las gestiones de IOSFA se hacen por autogestión, con claves y procedimientos digitales que no todos los beneficiarios manejan.
“Hay afiliados que no están familiarizados con la tecnología y no van a saber cómo hacer sus trámites. Hoy se está haciendo todo por autogestión y tienen que tener una clave, pero nadie se puso a pensar cómo van a hacer los trabajadores y los afiliados que viven en el interior. Eso también los va a afectar porque no van a poder resolver sus trámites en tiempo y forma”, sostuvo.
El dirigente también vinculó el deterioro de la obra social con la situación financiera que atraviesa desde el cambio de gestión nacional. Apuntó contra la administración anterior y contra el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, por el déficit y las dificultades para pagarles a los prestadores y los reintegros.
“Cuando recibió la obra social tenía un superávit de 25.000 millones de pesos. Después, en pocos meses, empezó a tener déficit, dejaron de pagar a los prestadores y los reintegros. Deshuesaron la obra social y ahora, en lugar de pedir explicaciones por lo que pasó con esos recursos, la decisión es echar a los trabajadores que están dando la cara y atendiendo a los afiliados”, afirmó.
Acuña reconoció que el panorama para los empleados es complejo y que las expectativas están puestas en la intervención de la Justicia laboral para evitar que las 17 desvinculaciones se concreten.
Una ola de despidos en todo el país
La situación en Misiones forma parte de un proceso más amplio. A nivel nacional, los despidos en el organismo ascienden a 1.450, una cifra que se suma a las 700 bajas dispuestas a fines de septiembre dentro del proceso de liquidación conducido por Gonzalo Secchi.
En ese marco también cerraron 31 farmacias propias, delegaciones y centros de atención médica en distintos puntos del país. Todo ocurre mientras la entidad se divide en dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
