Trabaja hace 36 años en el Parque Iguazú: ahora le quieren cobrar una cifra imposible

La Administración de Parques Nacionales pretende cobrarle más de $4 millones mensuales a una empresa de remises de Puerto Iguazú por circular dentro del Parque Nacional Iguazú y llegar hasta el hotel Gran Meliá. El caso desató un escándalo entre los trabajadores porque no se trata de una actividad nueva: Omar Rodríguez, uno de los remiseros afectados, asegura que lleva 36 años trabajando en el lugar.

Según explicó, durante todos esos años la empresa abonó el alquiler correspondiente al hotel, pero nunca tuvo que pagar a Parques Nacionales un canon adicional de estas características. Pasó por los tiempos del Hotel Internacional, luego Sheraton y actualmente Meliá, siempre con la misma modalidad.

Qué dice el documento oficial

El documento administrativo al que accedió PRIMERA EDICIÓN confirma la pretensión. La Dirección Nacional de Uso Público propuso cobrar como “derecho mensual de explotación” una suma equivalente a 70 Derechos de Acceso de la Tarifa General del Parque. La Intendencia del Parque Nacional Iguazú prestó conformidad a esa propuesta.

La tarifa general vigente del Parque Nacional Iguazú es de $60.000, de modo que 70 entradas representan $4,2 millones mensuales. La propia Resolución 157/2026 de Parques Nacionales establece los derechos de acceso vigentes para Iguazú.

A eso se agregaría una contraprestación anual de otros 140 Derechos de Acceso, a entregar en equipamiento, herramientas, indumentaria o insumos informáticos: unos $8,4 millones a valores actuales. Si se mantuviera durante doce meses la tarifa utilizada como referencia, la carga económica superaría los $58 millones anuales entre el canon mensual y el anual.

“Es imposible de pagar”

Rodríguez sostiene que el golpe llega en uno de los peores momentos para el sector. Los remiseros enfrentan una fuerte caída de actividad y la competencia de las aplicaciones de transporte, mientras muchos debieron endeudarse para renovar sus vehículos y cumplir con las exigencias del servicio hotelero.

“Para nosotros es imposible, imposible”, resumió. Y puso el foco en el costado humano del conflicto: “Somos 18 familias acá dependiendo de este trabajo”. También cuestionó que decisiones con semejante impacto económico sean tomadas sin observar la situación concreta de quienes trabajan en Iguazú: “No se pueden decidir las cosas nomás en una oficina de Buenos Aires”.

El trabajador explicó que la exigencia comenzó hace aproximadamente dos meses y que hasta ahora no pudieron afrontar el pago. “Bajó mucho el movimiento y no podemos pagar esto”, señaló. Los afectados reclaman que Parques revise el monto antes de que la exigencia termine haciendo inviable una actividad que se desarrolla desde hace décadas.

El contexto del ajuste

La secuencia empieza a repetirse: lo que Nación deja de pagar, alguien termina pagándolo. Ocurrió con la eliminación de subsidios al transporte, que encareció el boleto; con la quita de subsidios energéticos, que impactó en la tarifa de luz; y con el combustible, cuyo precio se multiplicó en los últimos años.

El conflicto adquiere otra dimensión por el contexto presupuestario de Parques Nacionales. El gobernador Hugo Passalacqua había reclamado recientemente al Gobierno nacional que revisara el recorte de fondos dispuesto para el Parque Nacional Iguazú y Campo San Juan. Según la información difundida entonces, la reducción correspondiente a Iguazú alcanzaba los $41,7 millones.

No existe en la documentación analizada un elemento que permita afirmar que el nuevo canon a los remises haya sido creado como consecuencia directa de ese recorte. Pero la coincidencia abre inevitablemente el interrogante: mientras Nación reduce recursos destinados al área protegida, la administración del Parque avanza con nuevas exigencias económicas sobre actividades privadas que funcionan dentro de Iguazú.

El tarifario institucional de Parques Nacionales contempla derechos de explotación para prestaciones turísticas y ubica a Iguazú entre las áreas de mayor categoría tarifaria.

El punto que cuestionan los trabajadores es otro: la magnitud del monto, su aparición después de décadas de actividad y la capacidad real de una pequeña empresa local para soportarlo.

“Yo nací en Iguazú. Viví toda mi vida prácticamente trabajando acá, dentro del Parque”, planteó Rodríguez. Para los remiseros, el dilema es bastante menos burocrático que las resoluciones y expedientes: si Parques mantiene una exigencia superior a los $4 millones por mes, sostienen que sencillamente no podrán pagarla. Y detrás de esa cuenta hay 18 familias que advierten que pueden quedarse sin trabajo.