Trabaja en blanco y le retienen el sueldo: la deuda con su hijo que la Justicia no le perdonó

Una mujer de Santa Fe que trabaja en relación de dependencia deberá afrontar la cuota alimentaria de su hijo con descuentos directos sobre su salario. Así lo resolvió la Justicia de Familia, que además ordenó inscribirla en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y aprobó una planilla de deuda que supera los $4.000.000.

La retención equivale a un Salario Mínimo, Vital y Móvil —fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en $383.300— más la cobertura de la obra social. El descuento quedará a cargo de la empleadora de la demandada. La información fue publicada por el periodista Alberto Furfari en el sitio Versión Rosario.

La deuda que originó el pedido

El padre del menor confeccionó una planilla con los alimentos adeudados desde que se interpuso la demanda, en septiembre de 2022, hasta marzo de 2025. Puesta de manifiesto y debidamente notificada, la planilla no fue impugnada por la demandada y contó con dictamen favorable de la Defensoría General, por lo que quedó aprobada en mayo del año pasado.

Con el patrocinio de la abogada María Belén Gilardoni, el hombre denunció incumplimientos en el pago de los alimentos y pidió que se aplicaran a la progenitora los apercibimientos previstos por la ley. Ante la vista corrida, la Defensoría General dictaminó que era posible ordenar la inclusión de la mujer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Más tarde, el padre volvió a denunciar el incumplimiento de varias cuotas alimentarias del año pasado. En ese marco remarcó que la mujer se desempeña en relación de dependencia y, frente a los reiterados incumplimientos, solicitó que se dispusiera la retención directa de la cuota sobre los ingresos mensuales que percibe por su actividad laboral registrada.

La defensa de la madre

Tras ser notificada del traslado sobre la retención de haberes, la demandada presentó un escrito en el que aseguró haber realizado reiteradas transferencias bancarias destinadas a gastos personales, educativos, de salud y de manutención del niño, según consignó Versión Rosario.

La jueza de Familia María Noel Campá no aceptó ese argumento. En su resolución sostuvo que “los últimos aportes que la demandada ha efectuado en favor de su hijo, ya sea por transferencia directa o por medio de compras de artículos necesarios para su subsistencia, no pueden tener por acreditado el cumplimiento de una sentencia de alimentos que estableció claramente el monto a pagar a cargo de la progenitora, el tiempo y forma del pago de la misma, con inclusión de los apercibimientos en caso de su incumplimiento, y la que se encuentra debidamente notificada a la demandada”.

La magistrada también rechazó que exigir el cumplimiento de lo ordenado implique “privilegiar un excesivo rigor formal por sobre la realidad económica del vínculo familiar”, como pretendía la demandada. Para Campá, el control del cumplimiento de una sentencia judicial garantiza la tutela judicial efectiva y hace al efectivo funcionamiento del estado de derecho: si frente a cada sentencia se justificaran excepciones que permitieran apartarse de ella, lo resuelto devendría en ficción y causaría un perjuicio no solo a las partes sino al sistema judicial en su totalidad.