Una madre contó por qué decidieron no abrir las puertas de la Escuela N° 223 de Santa Rosa. La intimación de la Fiscalía les dio una hora para levantar la toma y el conflicto entró en una cuenta regresiva.
Un grupo de padres decidió este martes tomar la Escuela N° 223 Provincia de Misiones, en Santa Rosa, departamento Tinogasta, y la medida ya derivó en una intimación de la Justicia. La protesta impide desde entonces el ingreso de alumnos y docentes al edificio.
El reclamo tiene dos ejes: la falta de cobertura de cargos y la restitución de un docente que fue dado de baja. Los progenitores sostienen que, así como está el plantel, no hay forma de sostener el dictado de clases.
Por qué tomaron el edificio
La escuela funciona con doble jornada. Sin la cantidad de maestros necesaria, según explicaron los padres, no puede garantizarse el desarrollo normal de las clases. Ese argumento es el que usaron para justificar la ocupación.
Además, pidieron que se haga presente la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, para dialogar sobre el conflicto cara a cara.
Durante la protesta, los manifestantes remarcaron que el derecho a la educación de sus hijos también queda afectado por la falta de docentes. Y advirtieron que la medida seguirá si no obtienen respuestas de las autoridades.
La intimación de la Fiscalía
En medio del conflicto, un oficial de Policía se acercó a los manifestantes y les leyó una disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal subrogante Lourdes Maturano.
Según lo que explicó el efectivo, la Fiscalía dispuso abrir una investigación penal por la toma del establecimiento. También ordenó identificar a las personas que participan de la protesta y registrar los motivos del reclamo.
En el texto de la disposición, el Ministerio Público reconoce el derecho a manifestarse, pero advierte que la ocupación del edificio afecta el funcionamiento de la institución y el dictado de clases.
Por eso se intimó a los padres a levantar la toma en el plazo de una hora. El oficial les informó que, en caso de no cumplir con la orden, podría iniciarse una investigación por el presunto delito de desobediencia y pedirse el desalojo con intervención de la fuerza pública.
Dos derechos en disputa
Durante el intercambio, el efectivo planteó que hay dos derechos en juego: el de los padres a reclamar y el de los alumnos a recibir educación.
Los manifestantes respondieron con su propia lectura: sin los docentes necesarios, ese derecho a la educación tampoco se cumple. La discusión, por ahora, sigue abierta.
