Toma en un predio de Neuquén: cómo organizaron la ocupación los tres acusados

El fiscal Juan Narváez formuló cargos contra tres personas acusadas de participar en la toma de un predio privado en el noroeste de Neuquén. Tras la audiencia, los imputados recuperaron la libertad, aunque con restricciones.

Los hechos ocurrieron el martes 18, minutos antes de las 21.30, cuando J.L.V., A.D.R. y E.A.A. ingresaron junto a otras personas al terreno ubicado sobre la calle Pedro Genco al 6500, entre El Búho y Rodolfo Fogwill. Según la acusación, aprovecharon que el lugar estaba deshabitado y la oscuridad de la noche para montar un asentamiento.

Una vez adentro, comenzaron a instalar carpas y casillas, encendieron fogatas y permanecieron en el lugar durante toda la noche. Al día siguiente, por orden fiscal, personal de la Comisaría 12 los intimó a retirarse voluntariamente en un plazo de 30 minutos. Sin embargo, los imputados y el resto de los ocupantes se negaron y continuaron en el predio hasta el 26 de agosto.

¿Cómo se organizó la ocupación?

La investigación determinó que en el lugar llegaron a permanecer alrededor de 150 personas. El fiscal sostuvo que la ocupación fue planificada con antelación mediante grupos de WhatsApp y redes sociales, y que los tres acusados figuraban como administradores de uno de esos grupos.

Durante la pesquisa se realizaron allanamientos en los domicilios de los imputados, donde se secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Narváez explicó que resta realizar pericias informáticas para analizar esa información e individualizar a otras personas que pudieron haber participado en la organización. También se investiga una posible instigación a cometer el delito.

Qué delito se les atribuye

El fiscal imputó a los tres el delito de usurpación por despojo, en calidad de coautores. La querella particular, en representación de la Asociación Civil Patagonia Rugby Club, adhirió a la acusación. El juez Marco Lupica Cristo tuvo por formulados los cargos y abrió la investigación preliminar por un plazo de cuatro meses.

Las medidas que dictó el juez

Para resguardar la investigación, el fiscal pidió que J.L.V. se presente cada 15 días ante el Ministerio Público Fiscal y que A.D.R. y E.A.A. lo hagan el primer día hábil de cada mes. También solicitó para los tres la prohibición de acercarse a menos de 100 metros del predio y de mantener contacto con los otros ocupantes, por cinco meses.

Narváez fundamentó el pedido en los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y señaló que los imputados mostraron reticencia a las órdenes de desalojo. La defensa aceptó las presentaciones y la prohibición de acercamiento, pero cuestionó la prohibición de contacto por considerar que no estaban individualizadas las personas alcanzadas y pidió que las medidas duraran cuatro meses.

El juez hizo lugar parcialmente al pedido fiscal: mantuvo las presentaciones quincenales y mensuales, extendió las medidas por cinco meses y confirmó la prohibición de acercamiento. Sin embargo, rechazó la prohibición de contacto por imprecisa y ordenó la inmediata libertad de los tres imputados.