Toma de terrenos en Neuquén: la Justicia ordenó el desalojo y la provincia no cede

La ocupación ilegal de un predio privado en el noroeste de la capital neuquina desató un fuerte operativo estatal y una orden judicial de desalojo en 48 horas. La provincia y el municipio dejaron en claro que no habrá tolerancia con las usurpaciones, una práctica que en gestiones anteriores era moneda corriente.

Alrededor de 100 personas, muchas de ellas extranjeras recién llegadas, ingresaron el martes a un terreno ubicado sobre la calle Pedro Genco y montaron unas 25 carpas. La Justicia ya dio luz verde para el desalojo, que deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos días, y el inmueble será restituido a su dueño apenas quede libre.

¿Cómo se gestó la toma?

Lo que parecía una protesta espontánea no lo fue. La Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Provincia presentó una denuncia penal por presunta instigación a la ocupación ilegal de tierras destinadas a planes habitacionales. Bajo la consigna "Todos por un terreno", los organizadores difundieron por redes sociales una convocatoria con lugar, fecha y hora, e incluso alentaban a llevar elementos para una permanencia prolongada.

Este nivel de organización encendió las alarmas en el Ejecutivo provincial, que decidió no dar paso atrás. "No fue un reclamo legítimo, fue una acción delictiva planificada", señalaron fuentes oficiales.

El detalle que complica a los ocupantes

La contradicción más grande es que la mayoría de los ocupantes no figura en el RUPROVI, el registro provincial que ordena la demanda de viviendas. Mientras miles de neuquinos cumplen con los trámites y esperan su turno, estos grupos intentaron saltarse la fila por la fuerza.

Pero hay más: el terreno no estaba abandonado. Allí está previsto construir 240 viviendas o módulos multifamiliares y 10 dúplex. Ocupar tierras destinadas precisamente a solucionar el déficit habitacional es una contradicción inmoral, y así lo entendió el gobierno provincial.

Neuquén sostiene una regla clara: la necesidad se atiende con políticas públicas, no con usurpaciones. La tierra se adjudica por derecho, no por presión. Y la ley se respeta.