Construyeron seis kilómetros de calles con su plata, las aprobaron y después las vieron desaparecer bajo los yuyos. La respuesta del Municipio quedó por escrito y fue el puntapié de una denuncia contra el intendente Ariel Rojas.
Un grupo de inversores denunció al intendente de Toay, Ariel Rojas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El detonante: el mantenimiento de seis kilómetros de calles que ellos mismos construyeron y que, según aseguran, el Municipio dejó abandonar.
La presentación la patrocina el abogado Espartaco Massucco Guarrochena. Los denunciantes sostienen que les niegan el servicio por no pagar una boleta que, afirman, el propio Municipio nunca emitió.
Postes nuevos sobre calles tapadas por la maleza
En las afueras de Toay, describen, hay postes de luz nuevos, cables tendidos y luminarias listas para encenderse. Abajo, la vegetación fue cubriendo las calles hasta que en algunos tramos ya no pasa un auto.
Según los mensajes del ingeniero que supervisa la obra eléctrica, la cooperativa no pudo entrar a reparar unos cables caídos. Así lo cuentan los vecinos que reclaman por el mantenimiento.
El reclamo se apoya en una historia de cuatro años: seis kilómetros de calles que un grupo de vecinos e inversores construyó con su propio dinero, siguiendo, dicen, lo que les pedía la Municipalidad.
Planos rehechos y obras pagadas de su bolsillo
El proyecto arrancó en 2021, con la idea de lotear cien hectáreas y dividirlas en treinta parcelas. Para aprobarlo, la Municipalidad pidió cambios. Después pidió otros más. Los inversores rehicieron los planos tres veces, pagaron nuevas mediciones, abrieron y nivelaron las calles, hicieron obras para que escurra el agua e instalaron el tendido eléctrico y el alumbrado. Cada modificación salió de su bolsillo.
La aprobación final llegó el 2 de septiembre de 2025. Desde entonces, sostienen, las calles son públicas y su cuidado le corresponde a la Municipalidad.
Reclamos, máquinas rotas y una respuesta que llegó por escrito
Las calles recién terminadas se fueron llenando de yuyos. Los inversores reclamaron en persona y por nota más de seis veces durante meses. La respuesta, según cuentan, era siempre la misma: las máquinas estaban rotas. En paralelo, aseguran que otros emprendimientos de la zona sí recibían mantenimiento.
El Municipio limpió apenas una parte. Cansados de esperar, los propios inversores contrataron una máquina para repasar un tramo, que con el tiempo volvió a perderse entre la maleza. Con las calles en ese estado, los lotes no se pueden mostrar a compradores y la inversión pierde valor. A eso le suman el verano: tanta vegetación seca puede alimentar un incendio.
El 8 de julio de 2026 presentaron una intimación formal al intendente, a la Secretaría de Obras y al Concejo Deliberante. Ocho días después contestó la Dirección de Asuntos Jurídicos. La nota dice, en resumen, que el mantenimiento de calles se paga con una tasa, que los propietarios no la pagan y que, por eso, “el servicio no se presta”. Fue la primera vez que la Municipalidad lo puso por escrito.
La boleta que nunca llegó
Los inversores afirman que esa tasa nunca les fue cobrada. La Municipalidad no dio de alta los lotes, no liquidó el importe y no emitió ninguna boleta, trámites que un vecino no puede hacer por su cuenta.
“Si una boleta no te llega, no la podés pagar. Y aunque hubiera una deuda, la ley le da al Municipio herramientas para cobrarla, incluso por vía judicial. Dejar que una calle pública se pierda como forma de presión no es una de ellas”, explicó Massucco Guarrochena.
El abogado también apuntó al uso cotidiano de esas calles: “Por esa calle tiene que poder entrar una ambulancia, un camión de bomberos o un patrullero. A nadie se le ocurriría que el chofer frene a revisar quién tiene la boleta paga antes de pasar. Las calles públicas se mantienen porque son de uso común, y ese razonamiento, aplicado en cualquier barrio o camino de Toay, llevaría a situaciones así de disparatadas”.
La vara con la que se mide a cada uno
Los denunciantes suman otro punto que los inquieta. Mientras a ellos se les exigieron durante cuatro años obras, cambios de planos y gastos millonarios, otros emprendimientos de Toay habrían recibido un trato mucho más flexible. Y según denuncian, en el mismo período en que les decían que las máquinas estaban rotas, esas mismas máquinas mantenían las calles de un desarrollo al que no se le habían pedido esas obras.
“No vamos a adelantar conclusiones. Pero cuando a un vecino se le exige todo y a otro casi nada, y las máquinas que no están para unos aparecen para otros, la Justicia tiene que mirar con qué vara se mide a cada uno”, señaló el abogado.
“Durante cuatro años el Municipio controló cada obra y finalmente la aprobó. Después dejó por escrito que no iba a mantener esas calles. Lo único que pedimos es que se cumpla la ley, como para cualquier vecino”, cerró Massucco Guarrochena.
La denuncia quedó radicada y ahora deberá avanzar en la Justicia. El Municipio de Toay no se pronunció públicamente sobre la presentación.