Tiran 300 toneladas de basura por día y el relleno no se compacta: la advertencia de Procopio

El relleno sanitario de Río Gallegos no se estaría operando como corresponde y la provincia ya anticipó que avanzará con un sumario administrativo contra la empresa operadora. Así lo planteó el secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Diego Procopio, en diálogo con Radio LU12 AM680, donde detalló las inspecciones realizadas, los pedidos al municipio y las medidas que faltan para destrabar un conflicto ambiental que lleva años.

El tema volvió al centro de la escena a partir de la denuncia pública de Javier Álvarez Bento, administrador del establecimiento rural de Punta Loyola, lindante al predio donde funciona el relleno. El productor advirtió sobre la afectación de las pasturas, el riesgo para los animales y la presencia de microplásticos, y ya había presentado un amparo judicial en 2025.

Qué encontró la Provincia en el predio

Procopio consideró que el reclamo de los productores es legítimo y que merece una respuesta concreta. En ese marco, señaló que no basta con retirar los residuos que salen del predio: hay que evitar que la situación se repita.

Según explicó, la Secretaría de Estado de Ambiente realizó inspecciones y labró las actas correspondientes para exigir que se impida la dispersión de residuos fuera del establecimiento y que se cumpla con la normativa ambiental vigente. En ese punto mencionó tres normas que regulan la actividad: la Ley 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 2567 de Residuos Peligrosos y la Ley 2829 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La pelota la tiene el municipio

Uno de los ejes de la entrevista fue la responsabilidad sobre el funcionamiento del predio. El funcionario contó que la Provincia pidió al municipio y a la empresa operadora el convenio y el contrato que regulan la prestación del servicio, para saber qué obligaciones asumió cada parte. Sin embargo, la documentación recibida hasta ahora no está completa.

Procopio fue categórico: la responsabilidad primaria de gestionar los residuos es del municipio. Y sostuvo que la administración comunal no puede desligarse de sus obligaciones alegando que existe una empresa contratada para operar el establecimiento, porque se trata de un convenio entre ambas partes.

El secretario recordó además que en marzo recibieron consultas de productores de la zona y mantuvieron comunicaciones con el propietario del establecimiento afectado. A partir de esos planteos, personal de Ambiente inspeccionó el lugar y labró un acta para exigir medidas que impidieran que los residuos salieran del predio.

"Si una obra de ingeniería la tratás como un basural, ¿qué se espera que sea?"

Consultado sobre la solución de fondo, Procopio planteó que el relleno debe operarse con las características técnicas para las que fue construido. "El relleno sanitario es una obra de ingeniería que se debe manejar como corresponde. Si una obra de ingeniería la tratás como un basural, ¿qué se espera que sea?", expresó.

En esa línea, detalló que este tipo de instalaciones requiere tareas específicas: colocación y soldadura correcta de membranas, compactación de los residuos y su posterior cobertura con suelo, entre otras labores necesarias para garantizar el funcionamiento.

El funcionario recordó que el relleno fue proyectado para erradicar el basural a cielo abierto de Río Gallegos, pero hoy ambos espacios siguen operando. La intención, según dijo, es que el relleno funcione conforme a las condiciones de su aprobación ambiental, mientras el vaciadero avanza hacia su adecuación y posterior cierre y clausura.

Sin compactación y con menos vida útil

Procopio también apuntó a las condiciones operativas del establecimiento y habló de dificultades con la disponibilidad de personal y maquinaria. Indicó que no se estarían haciendo bien las tareas de compactación de los residuos que ingresan a diario ni su cobertura con una capa de suelo, labores clave para evitar la voladura de basura y extender la vida útil del relleno.

"Hoy en día no se está haciendo esa tarea, se está tirando la basura", afirmó. Y advirtió que, al no compactarse los residuos, el espacio disponible se consume más rápido y la capacidad operativa del predio se reduce considerablemente.

Para dimensionar el problema, el secretario señaló que Río Gallegos genera alrededor de 300 toneladas de residuos por día, una cifra que exige una gestión adecuada para evitar consecuencias ambientales. También dijo que la situación de la capital provincial es el principal desafío que encontró desde que asumió, hace aproximadamente un año. Como antecedente, mencionó que estuvo en Caleta Olivia, donde la Secretaría brindó asistencia técnica y maquinaria para colaborar con la adecuación del vaciadero local.

La intimación y los plazos vencidos

El secretario confirmó que la Provincia continúa con las actuaciones administrativas por el funcionamiento del relleno. Precisó que en octubre hicieron un nuevo recorrido por el establecimiento e intentaron localizar al responsable de la empresa operadora para acercarle documentación e información sobre los requerimientos del organismo.

Sin embargo, el empresario no se presentó ante la Secretaría, pese a que buscaron contactarlo en al menos tres oportunidades. "Esos plazos ya están vencidos, por lo que corresponde ya el sumario administrativo", señaló Procopio. Además, indicó que desde el área legal mantuvieron una comunicación telefónica para pedirle al responsable que se acercara a las oficinas provinciales, pero no obtuvieron respuesta.

Mientras tanto, Ambiente sigue con las tareas de fiscalización y pidió la presentación de la auditoría ambiental del relleno, con el objetivo de verificar si se cumplieron y se cumplen las condiciones aprobadas en el estudio de impacto ambiental. También reiteró el pedido del contrato entre la Municipalidad de Río Gallegos y la empresa operadora para determinar las obligaciones de cada parte.

El conflicto por la gestión de los residuos urbanos, los controles ambientales y los reclamos de los productores rurales de Punta Loyola suma así un nuevo capítulo, mientras avanza la instancia judicial por la afectación de los establecimientos linderos.