Tierras del IPVU bajo la lupa: el Gobierno auditó a la Cooperativa 127 Hectáreas y lo que encontraron podría ser grave
El Gobierno de Neuquén audita a la Cooperativa 127 Hectáreas por tierras del IPVU. ¿Qué encontraron? Hay denuncias de estafa y más de 1.400 afectados. Los detalles que no te contaron.
El Gobierno de Neuquén inició una auditoría sobre la Cooperativa 127 Hectáreas para revisar el uso de tierras cedidas por el IPVU y la ADUS. La medida busca determinar si hubo irregularidades en la administración de los terrenos y en la ejecución de proyectos habitacionales.
La resolución conjunta de los ministerios de Infraestructura y de Gobierno ordenó verificar el estado de las tierras, las obras ejecutadas y el cumplimiento de las condiciones pactadas en los convenios. En paralelo, el presidente de la cooperativa, Jorge Salas, exdirector de Hábitat del IPVU hasta febrero de 2025, enfrenta una investigación penal por presuntas estafas.
¿Qué se auditará exactamente?
La comisión deberá inspeccionar tres fracciones que suman poco más de 38 hectáreas, cedidas en tenencia precaria mediante los decretos 790/10, 1800/12 y 963/15. Entre sus funciones: determinar si existen ocupaciones o construcciones sin autorización del IPVU, identificar a los responsables y verificar si las intervenciones respetaron el convenio firmado entre la Provincia y el Estado nacional en 2003.
Las denuncias que crecen
La causa penal, a cargo de la fiscal Rocío Rivero, reúne al menos 32 denuncias, aunque los damnificados aseguran que los afectados superarían las 1.400 personas. La investigación abarca operaciones inmobiliarias en La Sirena Unificada, La Meseta y Centenario. Además, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) solicitó intervenir como querellante por la entrega de 44 viviendas para docentes.
Plazos y posibles consecuencias
El equipo técnico tiene 60 días para elaborar un informe, con posibilidad de prórroga. Si se detectan hechos que afecten el patrimonio provincial o constituyan delitos, se remitirá un informe a las autoridades para evaluar acciones administrativas o judiciales. Mientras tanto, la auditoría avanza para determinar si hubo irregularidades en el uso de tierras públicas.