Tierra extranjera en la Patagonia: el proyecto que el Gobierno ya puso sobre la mesa

El Gobierno nacional dio un paso que puede redefinir el mapa de la propiedad rural en la Argentina y que, en la Patagonia, se sigue con especial atención: flexibilizar las restricciones que hoy limitan la compra de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La postura la explicitó el vocero presidencial Adrián Ravier, quien defendió la apertura a capitales del exterior y sostuvo que las limitaciones vigentes frenan inversiones productivas en distintas regiones del país.

Entre los territorios que el propio Gobierno mencionó aparece la Patagonia, junto con Cuyo y el Nordeste argentino. En Santa Cruz, donde las extensiones rurales, los recursos naturales, las áreas de frontera, los lagos y las actividades ganadera, minera, energética y turística se cruzan, la discusión excede largamente una operación inmobiliaria.

Qué dijo el Gobierno y qué busca cambiar

Al presentar la iniciativa, Ravier cuestionó de manera directa la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011. Según explicó, hay proyectos millonarios que hoy no pueden desarrollarse por las restricciones que pesan sobre los compradores extranjeros.

El funcionario mencionó expresamente proyectos en "el NEA, Cuyo y la Patagonia". A partir de ese diagnóstico, la Casa Rosada propone levantar las restricciones generales para la compra de tierras rurales por parte de inversores privados del exterior.

El argumento oficial es que una persona o compañía extranjera que invierte, produce y trabaja en el país debería poder adquirir propiedades en condiciones similares a las de un argentino.

"Los extranjeros que quieran trabajar suelo argentino son bienvenidos", sostuvo Ravier en otra conferencia de prensa, a fines de julio.

Qué establece hoy la Ley 26.737

La norma vigente fija una serie de topes concretos para la propiedad extranjera de tierras rurales. El principal: no más del 15% de las tierras rurales del territorio nacional puede estar en manos extranjeras.

Ese mismo límite rige para cada provincia y para cada municipio o división administrativa equivalente. Además, ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30% de ese cupo.

La ley también establece que un mismo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la llamada zona núcleo, o su superficie equivalente según las características y la ubicación del terreno.

Pero hay otras restricciones que pegan de lleno en el sur. La normativa prohíbe que extranjeros sean propietarios de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. También hay restricciones especiales para terrenos ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Ambos puntos adquieren una relevancia particular en provincias patagónicas como Santa Cruz.

Privados sí, Estados extranjeros no

Uno de los ejes centrales de la propuesta oficial es diferenciar una inversión privada extranjera de la compra de territorio por parte de otro Estado.

Según explicó Ravier, el proyecto busca flexibilizar las condiciones para personas y compañías privadas, pero establecer controles más estrictos cuando el comprador sea un gobierno extranjero, una empresa estatal de otro país o una sociedad controlada por un Estado.

El Gobierno sostiene que permitir que una compañía o un individuo extranjero compre un campo no significa ceder soberanía sobre ese territorio. Consultado sobre el punto, el vocero aseguró que cualquier extranjero propietario de tierras seguirá sometido a las leyes argentinas.

La propiedad privada de una extensión de tierra, en efecto, no modifica la soberanía argentina ni transforma jurídicamente ese territorio en territorio extranjero. El debate pasa por otro lado: cuánto territorio rural debería poder concentrarse en manos extranjeras y qué protecciones deben mantenerse sobre recursos considerados estratégicos.

Por qué la Patagonia queda en el centro

La discusión adquiere características propias al sur del país. La Patagonia tiene grandes extensiones rurales con densidad poblacional muy baja y concentra recursos naturales estratégicos, reservas de agua dulce, explotaciones hidrocarburíferas y mineras, producción ganadera y algunos de los principales destinos turísticos de la Argentina.

También posee miles de kilómetros de frontera internacional y una extensa costa sobre el Atlántico Sur. Por eso, cualquier cambio en los límites para adquirir tierras rurales podría tener efectos especialmente relevantes en Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.

La propia legislación vigente contempla equivalencias de superficie diferentes según las características productivas y geográficas de cada región. Es decir, las 1.000 hectáreas de la zona núcleo no se trasladan de manera automática a la Patagonia.

Cuánta tierra argentina está hoy en manos extranjeras

Los últimos datos oficiales disponibles del Registro Nacional de Tierras Rurales muestran que ninguna provincia argentina supera hoy el límite general del 15% de extranjerización.

Sin embargo, la situación cambia cuando el análisis se hace a una escala territorial más pequeña. El propio registro nacional reconoce que existen más de 30 departamentos del país donde la proporción de tierras rurales extranjerizadas supera el 15%. Los datos oficiales tienen como última actualización agosto de 2025.

Este punto será clave si el Congreso avanza con una modificación de la legislación, porque el límite actual funciona no solo a nivel nacional y provincial, sino también sobre divisiones territoriales menores.

El argumento oficial: inversión y producción

La Casa Rosada sostiene que las restricciones actuales desincentivan inversiones que podrían generar actividad económica. Ravier afirmó que la legislación vigente impone topes que considera arbitrarios y que terminan impidiendo proyectos productivos de capital extranjero.

La propuesta se inscribe, además, en una política más amplia del Gobierno nacional orientada a reforzar los derechos de propiedad privada y facilitar el ingreso de inversiones internacionales. Para el Ejecutivo, eliminar barreras permitiría que capitales extranjeros compren tierras, produzcan y desarrollen emprendimientos bajo las leyes argentinas.

Una discusión que llegará al Congreso

Por ahora, las restricciones de la Ley 26.737 continúan vigentes. Esto significa que no existe actualmente una liberación total para la compra de tierras rurales por extranjeros: para modificar los límites centrales establecidos por la ley será necesario avanzar legislativamente.

El debate que se abre tendrá una importancia particular para la Patagonia, ya que el propio Gobierno identifica a la región como uno de los lugares donde existen inversiones frenadas por las restricciones actuales.

En Santa Cruz, la discusión puede ir todavía más allá de cuánto territorio puede adquirir un extranjero. El acceso al agua, las tierras cercanas a zonas fronterizas, las grandes extensiones productivas, el desarrollo turístico y la presencia de recursos minerales y energéticos colocan a la provincia entre los territorios donde cualquier modificación a la Ley de Tierras puede tener consecuencias especialmente relevantes.