Tierra del Fuego suma 30 mil perros y una cifra diaria que nadie quiere pagar
Un biólogo del CADIC-CONICET se sentó con la Provincia y los municipios para frenar un problema que ya tiene número propio. Lo que reveló sobre la conducta humana y el gasto diario que pagamos entre todos.
La provincia y los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin pusieron primera para coordinar el control de la población canina. Tras una serie de reuniones, las partes avanzan en convenios que definan competencias, registros y fiscalización sobre un problema que va de las calles a las zonas rurales.
El proyecto de acuerdo todavía debe precisar qué tareas quedan en manos de cada jurisdicción y cuáles exigen acciones conjuntas. El foco está en la franja que separa las ciudades de los espacios rurales y silvestres, donde las herramientas municipales o provinciales, por separado, no alcanzan.
El biólogo e investigador del CADIC-CONICET Adrián Schiavini valoró el inicio de esa coordinación. “El asunto es cómo ayudarse mutuamente para poder intervenir activamente, cómo ayudarse con poder de policía y cómo unificar el sistema de registros de lesiones y mordeduras”, explicó.
Un registro común para medir resultados
Ese registro unificado permitiría evaluar si las políticas aplicadas reducen los ataques y el acoso en la vía pública. “Si las intervenciones sobre los perros en las ciudades están teniendo éxito, entre otras cosas debería haber cada vez menos gente atacada o acosada en las calles”, señaló Schiavini.
Las reuniones con los tres municipios ya se hicieron. Ahora cada jurisdicción debe revisar el proyecto, definir responsabilidades y acordar las tareas compartidas. El investigador remarcó que hay acciones que corresponden solo a los gobiernos locales, otras a la Provincia y un tercer grupo que únicamente se resuelve con coordinación.
Las ordenanzas existen, el problema es otro
Para Schiavini, el problema no pasa por la falta de normas. Las tres ciudades tienen ordenanzas que regulan la tenencia responsable, el uso de correa y otras obligaciones de los propietarios. “Eso está muy claro. Lo que por ahí falta es la implementación y el control”, sostuvo.
El biólogo planteó que las campañas de concientización deben ir acompañadas de consecuencias concretas cuando no se cumplen las obligaciones. Mencionó las multas y la posibilidad de impedir determinados trámites a quienes acumulen deudas por infracciones. “Son herramientas punitivas que para mí tienen éxito”, afirmó.
Más de 30 mil perros y una conducta que cuesta
La dimensión del problema también se mide por la cantidad de animales. Schiavini estimó que la población canina de Tierra del Fuego supera los 30 mil perros y advirtió que las políticas de vacunación, identificación y esterilización no alcanzan por sí solas para frenar la circulación sin supervisión.
“La normativa existe. Lamentablemente cuesta aplicarla porque el principal problema es el comportamiento humano”, indicó. Y graficó: un animal puede estar esterilizado y aun así seguir expuesto a peleas, atropellamientos, ataques a personas o fauna y consumo de residuos si su responsable vuelve a dejarlo salir.
“Lo llevo a casa, le abro la puerta y sigue saliendo. Ahora tiene una cicatriz en la panza, pero sigue mordiendo, sigue atacando a otros animales y sigue comiendo basura”, describió.
El costo que paga toda la comunidad
Schiavini también puso el foco en el gasto que esa conducta traslada al Estado. Citó el caso de la residencia canina municipal de Tolhuin, con capacidad para 29 animales y un costo aproximado de 200 mil pesos diarios en alojamiento, atención sanitaria y adopciones.
“Ese dinero es el costo mínimo de la desidia de la gente. Es un costo colectivo”, expresó.
Fuera de los centros urbanos, la presencia de perros asilvestrados suma consecuencias productivas, sanitarias y ambientales. Por eso el investigador insiste en que el problema debe abordarse como un continuo entre la ciudad y el campo, no como situaciones aisladas.
“Solo no podemos, vamos a juntarnos. Eso es lo que se va a probar con la implementación de estos convenios”, resumió.
La próxima etapa será convertir la voluntad expresada en las reuniones en acuerdos operativos capaces de mejorar el control y reducir la circulación de perros sin supervisión.
