Tierra del Fuego firmó con Nación pero la letra chica del acuerdo preocupa
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Tierra del Fuego firmó con Nación pero la letra chica del acuerdo preocupa

Melella y Caputo firmaron un acuerdo que ordena las cuentas entre la Provincia y la Nación. Pero hay una cláusula sobre los intereses que podría jugarle en contra a Tierra del Fuego, y el decreto espera aprobación en la Legislatura.

El Gobierno de Tierra del Fuego selló con la Casa Rosada un acuerdo para cancelar una deuda que supera los $78.000 millones, pero el texto que llegó a la Legislatura contiene cláusulas que generan dudas sobre cuánto terminará pagando la Provincia. El convenio lo rubricaron el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, el martes 20 de octubre.

El instrumento se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), al que la Provincia había pedido adherir el 16 de diciembre de 2024. El Decreto 1894/26, que ratifica el entendimiento, entró ayer lunes 2 de noviembre a la Legislatura y podría tratarse en la sesión de hoy.

Los números que quedan en la Legislatura

Los votos están contados. FORJA aporta tres, el PJ otros tres y Sumemos Tolhuin suma uno. Si La Libertad Avanza agrega sus dos bancas, el decreto reúne nueve apoyos y se aprueba. El respaldo libertario aparece como una posibilidad, según el diario, porque se trata de un acuerdo con el Gobierno de Javier Milei.

El compromiso establece que el capital se devuelve en ocho cuotas mensuales y consecutivas desde fines de mayo de 2027. Los intereses empiezan a pagarse en enero de ese año.

Qué se compensa y qué queda pendiente

La Provincia reconoce una deuda de $84.732.191.780,82. Ese monto se compone del adelanto de coparticipación de $80.000 millones acordado a fines de abril y de $4.732.191.780,82 en intereses de esa operación, calculados al 2 de octubre.

Del otro lado, Nación admite que le debe a Tierra del Fuego $6.204.318.646,32. De ese total, $1.234 millones corresponden a ajustes del Consenso Fiscal de 2023, 2024, 2025 y el primer semestre de 2026. Los $4.970 millones restantes provienen de obligaciones por obras públicas de vivienda.

Tras la compensación queda un saldo de $78.527.873.134,50 a cargo de la Provincia. La operación permite cancelar cerca del 7,32% de la deuda reconocida con Nación. No hay ingreso de dinero ni condonación: se aplican acreencias provinciales para reducir el pasivo.

Sobre ese saldo correrán intereses al 15% nominal anual desde la firma. Los devengados hasta el 31 de diciembre de 2026 se sumarán al capital. Sin contar esos intereses, cada cuota de amortización rondaría los $9.816 millones.

El cobro se hará con retenciones de la coparticipación federal, lo que achicará los fondos disponibles durante 2027 para afrontar las obligaciones corrientes del Estado provincial.

La asimetría que el convenio no aclara

Hay un punto que el texto deja abierto. La deuda que asume la Provincia incluye expresamente el pago de intereses, pero los créditos que se reconocen a Tierra del Fuego no tienen un detalle equivalente. El convenio no precisa si contemplan intereses por mora o actualización por inflación.

Si se tratara de valores históricos, la Provincia estaría usando acreencias depreciadas para cancelar una obligación que sí lleva intereses.

Renuncia al reclamo por el Fondo de la Soja

El acuerdo también obliga a la Provincia a desistir de la acción y del derecho en el juicio por la eliminación del Fondo de la Soja. El convenio no cuantifica ese reclamo ni identifica una suma reconocida por abandonarlo.

Además, Tierra del Fuego deberá enviar a la Secretaría de Hacienda de la Nación información periódica sobre presupuesto, deuda, salarios, saldos bancarios, recaudación y financiamiento a municipios. Queda abierta la chance de compensar otras obligaciones con nuevos acuerdos.

El aporte del IPVyH

Los $4.970 millones de obra pública que entraron al REOR provienen de créditos que el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat cedió a la Provincia. El 2 de octubre, el ministro de Economía, Alejandro Barrozo Marte, y la presidenta del organismo, Laura Montes, firmaron un convenio por el cual el IPVyH transfirió acreencias contra Nación por $4.970.226.415,92.

En contraprestación, el Gobierno canceló deudas del Instituto por $1.892.429.317,62. La diferencia supera los $3.077 millones y el organismo renunció a reclamar otra compensación. Los créditos corresponden a proyectos habitacionales de Ushuaia y Río Grande del programa Casa Propia.

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