Tierra del Fuego cedió créditos por casi $5.000 millones: qué gana con el traspaso

El Gobierno de Tierra del Fuego concretó una operación con el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) que apunta a ordenar las cuentas frente a Nación. El organismo cedió derechos de cobro contra el Estado nacional por $4.970.226.415,92, atados a obras del programa Casa Propia, y a cambio la Provincia le canceló deudas por $1.892.429.317,62.

El convenio quedó firmado el 2 de octubre por el ministro de Economía, Alejandro Agustín Barrozo Marte, y la presidenta del IPVyH, Laura Malvina Montes. La cesión es total, definitiva e irrevocable entre las partes, y el Instituto se comprometió a aportar la documentación y la colaboración necesaria para instrumentarla.

Qué busca la Provincia con esta jugada

Con los créditos en mano, el Ejecutivo provincial podrá hacerlos valer ante Nación dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. En paralelo, el Instituto regulariza sus deudas con el Tesoro provincial, que provenían de convenios de asistencia financiera reintegrable.

El punto que más llama la atención es la diferencia entre lo cedido y lo cancelado: el valor nominal de las acreencias supera en $3.077.797.098,30 a las obligaciones extintas. La cláusula cuarta del acuerdo es explícita: el IPV no podrá reclamarle a la Provincia diferencias, saldos, compensaciones adicionales, restituciones ni ninguna otra contraprestación por ese mayor valor.

Qué obras entran en el anexo

El listado de acreencias reúne once ítems de convenios nacionales firmados en 2022. Figuran renglones de obras de 42, 54 y 72 viviendas en Ushuaia, proyectos de 84 y 120 viviendas en Río Grande y una intervención del programa Casa Activa, con viviendas y espacios comunes en la capital provincial.

Del otro lado, las obligaciones que se extinguen corresponden a tres asistencias financieras reintegrables con sus adendas. La de mayor peso es el convenio 23.614/23, con un saldo de capital original de $1.266.964.615,85. Lo siguen el 24.009/23, por $614.299.210,94, y el 17.974/17, por $11.165.490,83.

Una negociación que viene de antes

La idea de usar acreencias de vivienda para compensar deuda provincial no nació con este convenio. En junio de 2025, el entonces ministro de Economía, Francisco Devita, había contado que negociaba con la Secretaría de Hacienda nacional la incorporación de certificados de obras impagos al régimen de extinción de obligaciones. En ese momento lo describió como una alternativa para destinar al IPV recursos que la Provincia debía usar para pagar deuda pública.

El organismo también venía reclamando por demoras en el financiamiento. En febrero de 2025, Montes había advertido que el Instituto esperaba desembolsos de un acuerdo de financiamiento mixto firmado en 2024 y que había presentado rendiciones por alrededor de $2.000 millones sin obtener su reintegro. Según explicó entonces, algunas obras se retomaron con recursos propios y del Fondo Nacional de la Vivienda, ajustando los plazos a la disponibilidad financiera.

El marco para este tipo de operaciones lo creó el Decreto 969/2024, que habilita a extinguir total o parcialmente obligaciones recíprocas entre Nación y las provincias mediante la determinación de créditos y deudas y la firma de acuerdos bilaterales.