Texas: la gobernadora electa apuntó contra el ICE y una ley ya tiene fecha límite para los alguaciles
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Texas: la gobernadora electa apuntó contra el ICE y una ley ya tiene fecha límite para los alguaciles

Un agente del ICE disparó contra un repartidor venezolano de 28 años en Austin: quedó grave y bajo custodia federal. La gobernadora electa de Texas apuntó contra las fuerzas federales y una ley ya fijó fecha límite para los alguaciles.

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, aseguró que los agentes federales de inmigración “disparan primero y preguntan después” y que ese accionar pone en riesgo a toda la comunidad, con especial impacto en los latinos. Lo dijo en una entrevista con The Austin Chronicle publicada el 15 de octubre, dos semanas después de que un agente del ICE hiriera de gravedad a un hombre en Austin.

Por entonces, Hinojosa todavía era candidata demócrata y representante estatal. Sus declaraciones llegan en un contexto de fuerte cuestionamiento a las operaciones migratorias y a la actuación de las fuerzas federales en territorio texano.

El caso de Austin que encendió la alarma

El 20 de septiembre, un agente del ICE disparó contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años que repartía comida. El hombre resultó herido de gravedad, aunque las autoridades informaron que su condición era “grave pero estable”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que Garcés Pérez quedó bajo custodia federal mientras se tramita su expulsión del país. El hecho generó una ola de repudios y pedidos de explicaciones.

Ese mismo día, Hinojosa se pronunció en la red social X: reclamó una investigación transparente y respaldó el pedido del alcalde de Austin, Kirk Watson, para que el agente involucrado permanezca en Texas hasta que se esclarezca el caso.

Los antecedentes que Hinojosa puso sobre la mesa

En la entrevista, la gobernadora electa calificó la actuación del ICE como una “ilegalidad letal” que, según dijo, ya se vio en Houston y ahora se repite en Austin. Además, sostuvo que ahora se sabe que los agentes practican perfilamiento racial.

Hinojosa viene cuestionando otros episodios similares. Tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo en Houston, ocurrida el 7 de julio, exigió la difusión de las imágenes de las cámaras corporales y de tablero, y pidió una investigación que incluyera a los Texas Rangers, de acuerdo con El Paso Times.

El mismo medio consignó que el alcalde de Houston, John Whitmire, anunció que la ciudad no investigaría el caso. Antes, en febrero, Hinojosa había reclamado las grabaciones del caso de Ruben Ray Martinez, un ciudadano estadounidense de San Antonio muerto a tiros por un agente federal en marzo de 2025. El registro se conoció casi un año después gracias a documentos obtenidos por American Oversight, según informó AP.

El voto latino y el costo de vida, claves del resultado electoral

Reuters informó que, según Beatriz Lopez, directora ejecutiva de Voto Latino, las victorias demócratas se explicaron por la participación de votantes latinos motivados por el costo de vida y por la política de control migratorio del gobierno de Trump.

En esa línea, The 19th señaló que los votantes del Valle del Río Grande, que habían favorecido a Trump en las dos elecciones anteriores, vieron cómo sus comunidades resultaban afectadas por las operaciones migratorias del gobierno federal.

Qué cambia para los inmigrantes con Hinojosa en el poder

La ley SB 8, aprobada en 2025, entró en vigor el 1 de enero de 2026 y establece el 1 de diciembre de 2026 como fecha límite para que los alguaciles de los condados que cuentan con cárcel soliciten y firmen acuerdos 287(g) con el ICE, según detalló The Austin Chronicle.

La norma, además, faculta al fiscal general del estado a demandar a las autoridades locales que no cumplan con esa obligación. Se trata de un mecanismo de presión para que las jurisdicciones colaboren con las tareas de control migratorio federal.

Con Hinojosa a punto de asumir, el escenario plantea un pulso entre la nueva administración estatal y las exigencias de la ley, en un estado donde la comunidad latina y los organismos de derechos civiles siguen de cerca cada paso de las fuerzas federales.

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