Terremotos en Venezuela encienden las alarmas: ¿está Salta lista para un sismo devastador?

Los recientes sismos que sacudieron Venezuela, con apenas 39 segundos de diferencia, reavivaron el debate sobre la preparación de Salta ante una catástrofe de gran magnitud. La capital salteña se encuentra en una zona de elevado riesgo sísmico, y las voces expertas ya se reunieron para analizar la situación.

Este jueves a las 20, en la sede de la Fundación del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) de Zuviría 291, se realizó una mesa debate convocada por el consejo de administración que preside Felipe Biella. El objetivo: discutir si la provincia está realmente preparada para un desastre sísmico.

¿Por qué Salta es una zona crítica?

La provincia tiene las áreas de mayor concentración poblacional en la zonificación sísmica 3 (elevado riesgo), solo por debajo del nivel máximo (4) que define el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) para el norte de Mendoza y el sur de San Juan. Biella recordó que una extensa franja del centro este de Salta aparece en el mapa como una de las regiones más propensas a terremotos en Argentina.

“En la zona de elevada peligrosidad sísmica se encuentra la capital salteña”, precisó el titular del Copaipa, y remarcó que los grandes terremotos históricos dejaron lecciones que interpelan al Estado, la actividad privada, el ámbito académico y la sociedad en su conjunto.

El relajamiento en los simulacros de crisis

Biella alertó que, si bien existe un plan formulado desde hace años para informar y preparar a la comunidad ante un sismo de magnitud, en los últimos tiempos se registró un “relajamiento que preocupa”. “No se ven con la amplitud y continuidad debida los simulacros de crisis, que deberían reiterarse al menos una vez por año, en todos los órdenes institucionales, niveles de actividad y de organización social, en establecimientos educativos y servicios de salud tanto públicos como privados”, enfatizó.

El ingeniero y docente universitario subrayó que desastres como el de Venezuela no hacen distinciones y no perdonan las vulnerabilidades que marcan la diferencia entre la magnitud de un sismo y su intensidad plasmada en muertes y destrucción.

El rol del Copaipa y la norma sismorresistente

Desde 1980, el Copaipa tiene la responsabilidad delegada por el Estado provincial de verificar que todos los planos estructurales cumplan con las normas sísmicas. Esa potestad se relaciona con la seguridad pública e incluye deberes que municipios y profesionales deben asumir para garantizar que la norma Inpres – Cirsoc 103 se plasme en los proyectos, la ejecución de obras y el control posterior.

Biella recordó que cada ciudadano debe ser consciente de que construir o ampliar sin respetar las condiciones geotécnicas del suelo, fundaciones y cálculos estructurales puede tener consecuencias funestas ante un sismo que irrumpa sin aviso.

Lecciones de Venezuela y Turquía

Muchos de los edificios que se desplomaron en la región venezolana de La Guaira habían sido construidos antes de la norma sismorresistente actual, bajo vulnerabilidades similares a las de Turquía. Allí, tras el terremoto de febrero de 2023, expertos señalaron deficiencias constructivas atribuidas a décadas de deterioro económico-social y corrupción, que incidieron en el colapso de 80.000 edificios y 50.000 muertes.

La amenaza de las sierras subandinas

El geólogo José Viramonte, profesor emérito de la UNSa e investigador del Conicet, explicó que en las sierras subandinas los sismos más destructivos son superficiales (20 a 30 km de profundidad) y se vinculan con las tensiones del frente de deformación cordillerano. A estos se asocian los terremotos que asolaron Esteco y Salta en 1692 (magnitud 7), Orán en 1871 (6,4), Trancas en 1826 y El Galpón en 2015.

“Esa zona se presenta como la más crítica de la provincia desde el punto de vista del riesgo sísmico, ya que los movimientos se producen a escasa profundidad”, remarcó Viramonte. El especialista advirtió que el espíritu de la reglamentación no siempre se traduce fielmente en la práctica y que el caso de Venezuela muestra el “catastrófico impacto del no cumplimiento estricto de las normas y de la corrupción”.

Viramonte recomendó un programa constante de concientización y educación de la población por parte de Protección Civil, la Provincia y los municipios, así como en las escuelas, sobre cómo actuar ante estos eventos.