Tenían casa en un barrio privado y la del IPV vacía: el detalle que los delató

El Gobierno de Mendoza dejó firme en sede administrativa la desadjudicación de una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en el barrio Eusebio Blanco, en la Ciudad de Mendoza. La medida alcanza a dos adjudicatarios identificados solo por sus iniciales, C.A. y D.S.T., que habían recibido el departamento en 2019.

Se trata de la unidad de la Torre 2, séptimo piso, departamento 1, del complejo ubicado sobre calle Eusebio Blanco, entre Chile y 25 de Mayo. Según el expediente, los titulares nunca ocuparon el inmueble de manera regular desde que lo recibieron, y las actuaciones arrancaron a partir de denuncias y testimonios de vecinos del barrio.

Las declaraciones incorporadas al trámite coincidieron en que los adjudicatarios no residieron efectivamente en el departamento desde su entrega. Uno de los testimonios sostuvo incluso que la unidad era ocupada por una hermana de uno de los titulares. A esos elementos se sumaron inspecciones y entrevistas de trabajadoras sociales del IPV.

El dato que complicó a los adjudicatarios

Uno de los puntos centrales del expediente es que C.A. y D.S.T. eran además propietarios de otro inmueble. De acuerdo con el Nuevo Sistema de Informe Territorial que usa el organismo, ambos figuraban como titulares dominiales desde el 22 de noviembre de 2019 de una propiedad en el barrio Olivos del Torreón, en Maipú, un complejo habitacional privado con seguridad en el ingreso.

Personal del IPV intentó inspeccionar esa propiedad, pero según las actuaciones no pudo ingresar al barrio. El personal de seguridad sí habría reconocido a D.S.T. como una persona vinculada al lugar. Además, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTYS) registraba como domicilio real del grupo familiar la vivienda de Olivos del Torreón.

El contrato de adjudicación establecía que la vivienda social debía ocuparse de manera efectiva prácticamente desde su entrega, con un plazo máximo de 15 días. El IPV sostuvo que los adjudicatarios fueron advertidos desde el comienzo sobre el incumplimiento y que la irregularidad se mantuvo en el tiempo.

Recursos rechazados y plazo para ir a la Justicia

La desadjudicación había sido dispuesta por la Resolución 1397/2025. Después, los titulares presentaron recursos y pidieron que la medida se suspendiera mientras se discutía su situación. El planteo llegó al Poder Ejecutivo provincial, que admitió formalmente el recurso pero lo rechazó en cuanto al fondo y mantuvo vigente la decisión del IPV.

Entre sus argumentos, el organismo recordó que mientras una vivienda social no haya sido escriturada, el titular registral sigue siendo el IPV. La normativa permite dejar sin efecto una adjudicación, entre otras causas, cuando el beneficiario no habita efectivamente el inmueble.

Con el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial quedó agotada la instancia administrativa. C.A. y D.S.T. todavía pueden recurrir a la Justicia mediante una acción procesal administrativa, para lo cual disponen de 30 días corridos desde la notificación de la decisión.

Cómo denunciar una vivienda vacía

El caso se inscribe en los controles que el IPV Mendoza realiza sobre viviendas sociales que permanecen deshabitadas, son ocupadas por terceros o presentan otras irregularidades. El propio organismo establece que una vivienda vacía o deshabitada puede denunciarse de manera anónima ante el IPV o en los Centros de Atención Municipal (CAM).

Para iniciar el trámite se recomienda contar, como mínimo, con el nombre del barrio, manzana, número de casa y cualquier otro dato que permita identificar la propiedad. La denuncia no otorga ningún derecho sobre la vivienda denunciada.

Para consultas o para aportar información, el organismo mantiene habilitada la línea gratuita 0800-222-4784, mientras que en su página oficial figura el WhatsApp +54 9 261 306-2234. También pueden utilizarse los correos [email protected] y [email protected], además de la Oficina Virtual en www.ipvmendoza.gov.ar y la aplicación 148 Mendoza.