Tenía un búnker en el living y vendía droga en Senillosa: la insólita decisión del juez

Un comerciante de 39 años fue condenado por vender estupefacientes en su casa de Senillosa, pero no irá a la cárcel. El juez Pablo Matkovic, del Tribunal Oral Federal de Neuquén, le dictó una pena de cuatro años y medio, aunque con un beneficio que sorprendió a todos.

El hombre, cuya identidad no trascendió, aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado. Lo hallaron culpable de tenencia de drogas con fines de comercialización, un delito que en otras circunstancias lo habría llevado tras las rejas. Sin embargo, su situación familiar complicó el panorama.

Un hallazgo que dejó helados a los investigadores

La causa comenzó en diciembre de 2023, cuando las fuerzas de seguridad detectaron movimientos raros en el domicilio del acusado, en un barrio de Senillosa. Tras meses de vigilancia, el 19 de enero de 2024 allanaron la vivienda y encontraron un verdadero arsenal de droga.

En el living, los agentes secuestraron 64,435 gramos de cannabis sativa y 58,74 gramos de clorhidrato de cocaína. La cocaína estaba dividida en 234 envoltorios de nylon con las puntas quemadas, listos para la venta, algunos escondidos hasta en un estuche de lentes. La marihuana, por su parte, estaba en bolsas herméticas y frascos de vidrio.

¿Por qué no va a la cárcel?

El juez unificó esta condena con otra previa de cuatro años, impuesta en febrero de 2025 por hechos similares. La pena final quedó en cuatro años y seis meses, pero se concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. ¿El motivo? La hija del condenado padece una afección cardíaca grave y necesita cuidados constantes.

Según se explicó en la audiencia, la esposa del hombre debe trabajar para mantener a la familia, y él es el único que puede cuidar a los cuatro hijos menores. El magistrado hizo hincapié en el “interés superior del niño” y la situación de salud de la menor.

Eso sí, el beneficio tiene condiciones estrictas: no puede tener armas ni sustancias ilegales en su casa, y si las incumple, volverá a prisión. Una decisión que genera debate, pero que prioriza el bienestar de los menores por encima del castigo.