Tenía 21 años y su papá quiso cortarle la cuota: lo que apareció en el expediente lo cambió todo

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa revocó una decisión de primera instancia y determinó que un padre deberá seguir pagando una cuota alimentaria del 20% de sus ingresos a favor de su hija mayor de edad con discapacidad.

El hombre había pedido el cese de la obligación al entender que su hija ya había alcanzado la edad en la que termina la responsabilidad parental. La joven se opuso y argumentó que padece esquizofrenia y no puede trabajar, por lo que necesita continuar recibiendo la manutención.

Qué documentos presentó la joven

Para respaldar su situación, la joven presentó un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El documento estaba vigente desde abril de 2024 y hasta 2039.

En el expediente, la joven se amparó en el artículo 537 del Código Civil y Comercial de la Nación, que contempla la obligación alimentaria entre determinados familiares, y sostuvo que su condición de salud le impedía incorporarse al mercado laboral y obtener ingresos propios.

Qué había resuelto la jueza en primera instancia

La jueza hizo lugar al pedido de cese de la obligación derivada de la responsabilidad parental, pero fijó de oficio una nueva cuota equivalente al 10% de los ingresos del padre, fundada en la obligación alimentaria derivada del parentesco.

Además, dispuso que la joven debía acreditar dentro de un plazo de un año que su enfermedad le impedía trabajar, conforme al artículo 32 del Código Civil y Comercial.

La decisión fue apelada por ambas partes. El padre cuestionó la cuota fijada y planteó que debía analizarse también la capacidad económica de la madre. La hija objetó la reducción del porcentaje y el plazo establecido.

El rol clave del Certificado Único de Discapacidad

Al revisar el expediente, la camarista Fabiana Berardi consideró central el CUD presentado por la joven. Para la magistrada, el certificado acredita la discapacidad y hace innecesario iniciar un proceso de determinación de capacidad jurídica cuando ese aspecto no está en discusión.

A partir de esa prueba, la Cámara consideró acreditada la situación de la joven y entendió que no correspondía imponerle la obligación de volver a demostrarla al cabo de un año.

Qué resolvió la Cámara sobre la cuota

El tribunal dejó sin efecto la limitación temporal establecida en primera instancia y mantuvo la obligación alimentaria en los términos fijados por la alzada. De esta manera, el padre deberá continuar pagando una cuota equivalente al 20% de sus ingresos a favor de su hija.

La obligación seguirá vigente mientras no cambien las condiciones que dieron lugar a la decisión judicial. El fallo tomó en cuenta la documentación incorporada al expediente y, en particular, el CUD que acreditó la discapacidad de la joven.