Tarifas duplicadas y subsidios recortados: el plan de Jujuy para que los más pobres no se queden sin luz ni gas
Mientras las tarifas se disparan y la Nación corta los subsidios, Jujuy destina $422 millones por mes para que 58.000 familias no se queden sin servicios. ¿Cómo logra sostener ese esfuerzo?
Mientras el Gobierno nacional admite que las tarifas se duplicaron y elimina los subsidios, Jujuy redobla la apuesta: más de $422 millones por mes para que 58.000 familias no pierdan los servicios esenciales. La provincia sostiene su propia tarifa social con recursos propios.
El presidente de la SUSEPU, Javier Gronda, y el secretario de Energía, Mario Pizarro, se reunieron con diputados provinciales para analizar el impacto de las políticas tarifarias nacionales. El encuentro ocurrió después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera que los servicios esenciales duplicaron su costo por decisiones de la administración de Javier Milei.
La admisión oficial confirmó lo que millones de argentinos ya veían en sus facturas: un salto brutal en los precios de la electricidad, el agua y el gas, justo en medio de una ola de frío polar. A eso se suma la eliminación progresiva de los subsidios nacionales, que hasta hace poco aliviaban el bolsillo de los hogares.
¿Qué hace Jujuy para contener el golpe?
Frente a este escenario, la provincia no se quedó de brazos cruzados. En la reunión se destacó que Jujuy mantiene con fondos propios la tarifa social provincial, un beneficio que asiste a los sectores más vulnerables. Más de 58.000 usuarios reciben este subsidio, que le cuesta al Estado provincial $422 millones mensuales. Una inversión que sigue firme pese a que la Nación se retiró.
Los funcionarios reafirmaron su compromiso de fortalecer los mecanismos de control y acompañamiento para garantizar el acceso a los servicios públicos. La política de reducción de subsidios nacionales modificó la estructura de costos de las familias y afectó también la competitividad de las actividades productivas.
En la reunión también se planteó la necesidad de seguir protegiendo a los usuarios frente al impacto de estos incrementos. Los organismos provinciales aseguraron que trabajarán para que el acceso a la electricidad, el agua y el gas no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.