Subió a un taxi, pidió wifi y sacó un revólver: las pericias que complicaron al acusado
Dos armas cargadas y aptas para el disparo: eso encontraron los peritos tras el robo a un taxista en Viedma. La fiscalía reformuló los cargos.
La reconstrucción del robo a un taxista en Viedma sumó pruebas clave a partir de las pericias sobre las armas secuestradas. La fiscalía reformuló los cargos contra el joven detenido, acusado de amenazar al conductor con un revólver para robarle el celular y de portar otra pistola sin autorización.
El hecho ocurrió el 6 de mayo por la mañana. Según la investigación, el acusado subió a un taxi cerca del barrio Lavalle y pidió que lo llevaran hasta el Centro de Atención Municipal, a pocas cuadras. Al llegar, solicitó al chofer que le permitiera conectarse a una red wifi. Cuando el taxista tomó su teléfono, el joven sacó un revólver y lo amenazó para quedarse con el dispositivo.
Tras descender del vehículo, el conductor dio aviso a la empresa y regresó hacia la zona. A pocos metros se cruzó con personal policial que realizaba tareas de prevención y les contó lo sucedido. Los efectivos localizaron al sospechoso y lo detuvieron. En el procedimiento, además del revólver usado en el asalto, secuestraron una pistola que estaba en condiciones inmediatas de uso.
Qué revelaron las pericias
El Gabinete de Criminalística realizó estudios balísticos sobre ambas armas. Determinaron que las dos estaban cargadas y eran aptas para producir disparos, y precisaron sus características técnicas y su clasificación legal.
La causa también incorporó un informe de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que indicó que el acusado no figuraba como legítimo usuario de armas. En el caso de la pistola, además, se estableció que había sido denunciada como robada en Carmen de Patagones.
Con estos elementos, la fiscal Maricel Viotti Zilli reformuló los cargos y encuadró la conducta como robo agravado por el uso de arma de fuego y portación de armas de fuego sin la debida autorización, en carácter de autor.
La defensa oficial, a cargo de Pedro Vega, no se opuso a la reformulación. Sin embargo, pidió una prórroga de la investigación para realizar una pericia psiquiátrica al acusado en el Cuerpo de Investigación Forense (CIF) y solicitó extender durante el mismo período las medidas cautelares.
La jueza de Garantías Georgina Amaro Piccinini hizo lugar a los pedidos y dispuso que la investigación continúe bajo estos términos hasta el 20 de octubre.