Su propio partido le soltó la mano: el gesto que deja a Peña al borde de la destitución

La Cámara de Diputados de Paraguay abrió este jueves una sesión extraordinaria llamada a definir el futuro inmediato de Santiago Peña. El cuerpo debate un juicio político por mal desempeño contra el presidente, sacudido por la intervención del Banco Central a Ueno Bank, que congeló los ahorros de cientos de miles de personas y desató protestas en Asunción.

Lo que terminó de inclinar la balanza no vino de la oposición, sino de adentro del propio oficialismo. El Partido Colorado, la fuerza que llevó a Peña al poder, anunció que acompañará el proceso.

El padrino político que cambió de vereda

Horacio Cartes, titular del Partido Colorado y viejo mentor político del mandatario, comunicó por X que respalda el juicio político. "No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", escribió en el comunicado difundido en la red social.

El mensaje deja a Peña en una posición de extrema fragilidad: ya no se trata solo de la embestida opositora, sino de un aislamiento dentro de su propia estructura de poder.

En la misma sintonía se expresó el senador Natalicio Chase, jefe de la bancada colorada en la Cámara Alta. Chase pidió directamente la renuncia del presidente y avisó que, si no se produce, votará a favor de iniciar el juicio político. "Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados", sostuvo. Y agregó: "El Paraguay exige respuestas claras, transparencia absoluta y decisiones firmes".

Los legisladores anticipan una votación unánime para aprobar el juicio político. En paralelo, la Fiscalía General del Estado ya prepara una denuncia penal contra Peña.

La causa penal que avanza en paralelo

El fiscal general Emiliano Rolón Fernández derivó la denuncia contra el mandatario a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción. La idea es que el mismo equipo que investiga el caso Ueno Bank indague también las posibles responsabilidades de Peña en el esquema de corrupción.

La sesión de Diputados, convocada para las 10 (hora local), no se limita al presidente: también se debaten los pedidos de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana.

Quienes impulsan la iniciativa acusan a Peña de mal desempeño de sus funciones, conflicto de intereses y de haber favorecido presuntamente a una entidad financiera con la que mantuvo vínculos empresariales antes de llegar a la Presidencia. Contra Alliana, la acusación apunta a su supuesto papel en el respaldo político y legislativo a esas operaciones y a su falta de reacción frente a las alertas sobre la situación financiera de Ueno. Se trata de acusaciones políticas que deberán ser evaluadas en el marco del procedimiento constitucional.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, contó que habló con el mandatario y que por ahora su postura es no renunciar. "El presidente Santiago está convencido de su inocencia y él quiere dar batalla en este proceso", detalló al diario La Nación de Paraguay.

Qué pasó con Ueno Bank

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar un proceso de resolución de Ueno Bank. La entidad digital había crecido a un ritmo acelerado desde que se constituyó como banco, a fines de 2023.

La decisión implicó suspender todas sus operaciones, cerrar sus sucursales y congelar retiros, transferencias y depósitos de los clientes. El resultado fue una suerte de corralito financiero que dejó a cientos de miles de paraguayos sin acceso a sus ahorros.

Ueno tenía más de tres millones de clientes —cerca de la mitad de la población del país— y depósitos por unos 850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, alrededor de 380 millones correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo estatal que administra los fondos de jubilaciones y salud.

El BCP justificó la intervención al señalar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa, tras ajustes en sus estados financieros. También detectó créditos otorgados a empresas vinculadas al propio grupo económico por encima de los límites permitidos, una situación que habría comprometido la estabilidad patrimonial del banco.

Los lazos entre Peña y el grupo dueño del banco

El episodio tomó dimensión política por los vínculos del presidente con el conglomerado empresarial que controla Ueno. Peña fue accionista de Ueno Holding, del Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025, cuando se desvinculó de la compañía.

Además, poco después de asumir la Presidencia, en agosto de 2023, designó al entonces máximo responsable de Ueno, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central. La oposición cuestiona hoy esa decisión como un posible conflicto de intereses. Carvallo renunció esta semana, en medio del escándalo.

El libelo acusatorio presentado por 35 diputados opositores y disidentes del oficialismo sostiene que el jefe de Estado habría antepuesto intereses privados al interés público.

"Ya no se trata de dinero, se trata de confianza"

La oposición plantea que el problema excede la devolución de los depósitos. "Ya no se trata de dinero, se trata de confianza", afirmó la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, una de las impulsoras del pedido. Para la legisladora, Peña debe dejar el cargo porque, a su juicio, perdió la credibilidad necesaria para gobernar y dañó la confianza pública en el sistema financiero.

El gobierno intentó contener el impacto. Peña canceló un viaje previsto a España para la Cumbre Iberoamericana, anunció cambios en la conducción del Banco Central y respaldó una ley para acelerar la devolución de los fondos.

El BCP informó que los ahorristas recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1700 dólares). Los depósitos cuentan con una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes por persona y entidad (unos 38.000 dólares). Los saldos que superen ese límite deberán recuperarse a medida que avance el proceso de resolución.

La entidad suspendió temporalmente los rescates mientras determina el valor y la liquidez de las inversiones, con el argumento de garantizar un trato equitativo a todos los inversores. La Fiscalía abrió una investigación por presuntas irregularidades y ocho directivos y ejecutivos del banco fueron detenidos. Entre ellos hay responsables del Grupo Vázquez, cuyo presidente mantenía vínculos comerciales con Peña. La imputación se extendió después a otras personas vinculadas con la entidad.

Durante dos noches seguidas, cientos de personas se movilizaron en Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y exigir responsabilidades políticas. "Devuelvan nuestra plata" y "juicio a Santi Peña" fueron algunas de las consignas. Las protestas incluyeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que usaron gases lacrimógenos, balines y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

El fantasma de Fernando Lugo

El intento de remover a Peña trae a la memoria la destitución de Fernando Lugo, en junio de 2012. El exobispo había llegado al poder en 2008 al frente de una coalición de izquierda y centroizquierda, poniendo fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado.

Su salida se precipitó tras la masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías durante un operativo de desalojo de tierras. La oposición impulsó entonces un juicio político por mal desempeño de sus funciones, cuya acusación fue aprobada por Diputados el 21 de junio, con 76 votos sobre 80.

Al día siguiente, el Senado destituyó a Lugo por 39 votos contra cuatro, tras un proceso de menos de 48 horas que le concedió apenas dos horas para preparar su defensa. Lo reemplazó su vicepresidente, Federico Franco.

La velocidad del procedimiento generó fuertes cuestionamientos internacionales y críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las garantías del debido proceso. Tras la destitución de Lugo, calificada por varios gobiernos como un golpe de Estado, el Mercosur suspendió temporalmente a Paraguay en junio de 2012. El bloque estaba entonces integrado por gobiernos de izquierda, como los de Cristina Kirchner en la Argentina, Dilma Rousseff en Brasil y José Mujica en Uruguay.