Su expareja no se iba de la casa de Plottier: lo que encontró la Justicia para frenar el desalojo

La Justicia neuquina le dijo que no al hombre que pretendía recuperar por la fuerza una vivienda de Plottier donde vive su expareja. La Sala I de la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo al desalojo y dejó en claro que el asunto no se resuelve con un trámite exprés: hay elementos que indican que la mujer podría tener derechos sobre esa casa.

El fallo lleva las firmas de Cecilia Pamphile y Jorge Pascuarelli. Ambos magistrados coincidieron en que la situación no encaja en el molde de una ocupante que se metió en un inmueble ajeno sin explicación alguna. Se trata, según el expediente, de una mujer que vivió años allí junto al demandante, compartió la vida familiar en esa propiedad y hasta hizo reformas con el correr del tiempo.

La versión del dueño y la respuesta de la mujer

El hombre sostuvo en su demanda que había comprado la casa y que su expareja seguía adentro sin ningún título que respaldara su permanencia. Con ese argumento pidió que la Justicia ordenara el desalojo.

La mujer planteó otra historia. Contó que la relación arrancó en 2007, que convivieron en esa misma vivienda y que la propiedad se adquirió mientras la pareja estaba en pareja. Además, denunció que en esos años padeció violencia física, psicológica y económica de parte del hombre. La ruptura llegó después de un episodio de violencia en 2012 y desde entonces se abrieron distintas causas vinculadas con la situación familiar.

En primera instancia, la jueza María Guadalupe Losada ya había rechazado el desalojo. Entendió que había material suficiente para reconocer que la mujer podía tener una situación de posesión sobre la casa y que esa discusión excedía largamente los límites de un juicio pensado solo para recuperar un inmueble. La Cámara le dio la razón.

Las pruebas que pesaron en la balanza

El hombre negó haber convivido con ella como pareja en esa vivienda. Pero la documentación del expediente lo contradijo. Durante varios años, la mujer figuró ante el Instituto de Seguridad Social del Neuquén como concubina del demandante. También aparecía como titular del suministro eléctrico de la casa.

A eso se sumó el trámite por el nacimiento de una de las hijas de la pareja: en esa oportunidad, ambos declararon el domicilio de Plottier, lo que confirmó que compartían ese lugar. Para los camaristas, estos antecedentes probaron la convivencia y que la compra del inmueble se concretó mientras la relación seguía vigente.

Los jueces también valoraron las obras que se hicieron en la propiedad a lo largo de los años. Testigos declararon sobre ampliaciones, cambios de paredes, arreglos en la instalación eléctrica y la colocación de cámaras de seguridad. Todo eso pesó a la hora de medir el vínculo real de la mujer con la casa.

Violencia de género: la mirada que exigió el fallo

El otro eje del fallo fue el contexto de violencia que atravesó la relación. La jueza Pamphile remarcó que el caso debía analizarse con perspectiva de género y que no se podían ignorar los antecedentes judiciales por las denuncias de la mujer.

En el expediente constaban medidas cautelares contra el hombre. Una se dictó en 2012, tras uno de los episodios denunciados, y le prohibió ingresar a la vivienda. Con los años siguieron las actuaciones por violencia familiar y se dictaron nuevas medidas de protección que estuvieron vigentes hasta 2024.

Para la magistrada, esos antecedentes eran clave al momento de resolver el conflicto por la propiedad, porque la situación habitacional de la mujer estaba atada a una historia de convivencia y violencia que no podía quedar afuera del análisis. En la misma línea, Losada había señalado en primera instancia que toda controversia judicial atravesada por violencia de género debe contemplar ese contexto para visibilizarlo y reducir sus efectos.

Por qué no prosperó el desalojo

El corazón de la resolución pasó por determinar si el conflicto podía canalizarse mediante un juicio de desalojo. Ese tipo de proceso sirve para recuperar un inmueble cuando existe la obligación de restituirlo, pero no alcanza para resolver discusiones complejas sobre quién tiene derechos de posesión o de propiedad.

La Cámara concluyó que la mujer no podía ser tratada como una ocupante sin derechos. La convivencia acreditada, la compra del inmueble durante la relación, las mejoras hechas en el lugar y los antecedentes de violencia familiar armaron un escenario que exigía otro tipo de análisis judicial.

Por eso confirmaron el rechazo de la demanda y sostuvieron la decisión de primera instancia. El fallo no define quién es el dueño de la casa ni cómo se reparten los derechos sobre ella: lo que establece es que esa discusión no puede resolverse por la vía del desalojo, dada la complejidad de los antecedentes y de los derechos que podrían corresponderle a cada parte.