Sturzenegger se adjudicó el desembarco del mate en China y los productores le respondieron con una fecha de 2005

Un grupo de entidades yerbateras de Misiones salió al cruce del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusan de colgarse de un logro ajeno: atribuir al DNU 70/2023 la llegada de la yerba mate argentina al mercado chino. Lo hicieron con un documento de tono duro que lleva un título sin vueltas: “El DNU 70/2023: la destrucción de la República para regalar el país a la casta. La falacia de la retórica exportadora”.

El detonante fue un posteo del funcionario en la red social X. Allí escribió “la yerba argentina en China. Gracias DNU 70/23!”. Para los firmantes, el mensaje revela una pretensión: que el ministro cree haber “encontrado el agujero del mate” y descubierto, gracias a su decreto, un mercado que la producción yerbatera argentina ya conocía desde hacía décadas.

La fecha que desarma el relato

El escrito no se queda en la queja genérica y apunta directo a la cronología. “En mayo de 2005 ya se anunciaba la llegada de yerba mate argentina a China. Es decir, casi diecinueve años antes del dictado del DNU 70/2023”, sostienen. Y rematan: “La historia, por lo visto, tiene la mala costumbre de desmentir la propaganda oficial”.

Para los productores, la expansión exportadora no nació con la desregulación. “La exportación de yerba mate no nació con el DNU 70/2023, ni es el resultado de una supuesta magia desreguladora”, afirman. La explican, en cambio, como el fruto del trabajo sostenido de empresas, cooperativas, productores y trabajadores que, bajo la gobernanza del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), construyeron durante décadas una política de desarrollo comercial, promoción internacional, investigación y control de calidad mientras el organismo conservaba las facultades que le había otorgado el Congreso.

El documento lleva la firma de Hugo Sand, titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, y Salvador María Torres, secretario general del Movimiento Agrario Misionero (MAM).

La contradicción que le marcan al Gobierno

Los firmantes ponen el foco en lo que consideran una incoherencia de la gestión de Javier Milei. “El saldo es elocuente. Mientras el ministro celebra como un logro propio las exportaciones de yerba mate, la política que impulsa pone en riesgo parte de las capacidades institucionales que contribuyeron a construir ese resultado”, señalan.

Y advierten que el historial exportador del sector no arrancó en diciembre de 2023 ni tiene garantizada su continuidad: “tampoco está garantizado que pueda sostenerse indefinidamente mientras se debilitan los controles, la investigación, la información y las políticas de calidad que hicieron posible su desarrollo”.

El reproche se vuelve personal en un tramo del texto: “Señor ministro: la libertad que usted pregona en el ‘Sector Yerbatero Argentino’ termina siendo la libertad de los actores más poderosos para imponer sus condiciones al resto de la cadena”. Y agrega que, si en nombre de esa libertad se debilitan los controles que resguardan la calidad y la inocuidad, no solo se perjudica a productores, trabajadores y consumidores: también se compromete el prestigio de un producto construido durante generaciones.

En esa línea, sostienen que el ministro pretende atribuirle al DNU un saldo exportador que no creó mientras pone en riesgo las condiciones institucionales que lo hicieron posible. “El récord de hoy no es una garantía para mañana”, alertan, y afirman que la política de desregulación que se celebra puede terminar erosionando aquello que dice festejar: la confianza en la yerba mate argentina, su calidad y su capacidad para competir en los mercados del mundo.

“No hay mérito en apropiarse de los resultados del trabajo ajeno mientras se destruyen las herramientas que permitieron alcanzarlos. Eso no es desregulación: es transferir poder económico a los más fuertes y presentar esa transferencia como libertad”, disparan.

Una hoja de ruta que ya existía

Para respaldar su posición, las entidades se remontan al Plan Estratégico para el Sector Yerbatero Argentino 2013/2028, presentado en 2014 tras un trabajo conjunto del Inym, los gobiernos de Misiones y Corrientes, el Inta y la Universidad Nacional de Misiones. Ese plan, recuerdan, ya proponía conquistar mercados externos, diversificar productos, mejorar los procesos productivos, fortalecer los estándares de calidad y consolidar una cadena competitiva y sustentable.

“No era una consigna improvisada: era una política de largo plazo, construida con participación de los actores del sector y sostenida sobre objetivos productivos, comerciales, científicos e institucionales”, subrayan.

Además, mencionan que la revisión de medio término de ese objetivo, en 2022 y antes de la llegada de La Libertad Avanza al gobierno, volvió a identificar aciertos y tareas pendientes. Entre ellas, la promoción de misiones comerciales y rondas de negocios internacionales, la adaptación de productos y procesos a las exigencias de los mercados y el desarrollo de protocolos de análisis de calidad.

“El sector ya sabía hacia dónde debía avanzar y había construido una hoja de ruta para hacerlo. No necesitaba que un ministro se apropiara de su historia; necesitaba que no destruyeran las herramientas con las que la estaba construyendo”, afirman.

Qué le adjudican al DNU

Los firmantes sostienen que la potencialidad exportadora de la yerba mate “no fue magia, ni mucho menos el resultado de la política aplicada a partir del DNU 70/2023”. La atribuyen al trabajo de toda la cadena y al prestigio que el Inym consolidó mediante la promoción comercial, la investigación, la capacitación, el mejoramiento de las prácticas productivas y la aplicación de estándares y controles de calidad.

También cuestionan el modo en que se dictó la norma. Afirman que, mediante una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, se alteró profundamente la institucionalidad que había permitido organizar y desarrollar el sector, sin demostrar la necesidad y urgencia constitucional que habilitarían semejante intervención y sustituyendo por decreto el diseño institucional que el Congreso había establecido mediante la Ley 25.564.

“La falta de motivación, la desviación de poder y la alteración de la institucionalidad son manifiestas al DNU”, plantean, al señalar que se alteraron las reglas de funcionamiento de un organismo creado para intervenir sobre una cadena económicamente desigual, precisamente para impedir que la capacidad de decisión quedara concentrada en los actores más poderosos.

Según su lectura, lo único que hizo el decreto fue ceder el control de la actividad yerbatera al monopolio, “depredador de la naturaleza y de las personas”, destruir facultades esenciales para la tutela de la producción primaria —los productores y los tareferos— y restringir las herramientas con las que el Inym podía intervenir sobre las relaciones económicas de la cadena. Al mismo tiempo, afirman, mantuvo en manos de los actores más poderosos la capacidad de incidir sobre los dos extremos del negocio: el precio que pagan por la materia prima y el precio al que venden el producto terminado.

El control de calidad, en la mira

El documento advierte que el problema no termina en el precio. El DNU y el proyecto de “reordenamiento normativo” impulsado recientemente por el mismo Ministerio de Desregulación también pretenden eliminar herramientas de fiscalización y control que durante años garantizaron la calidad y la inocuidad del producto, mediante la supresión y el debilitamiento de procedimientos de inspección, muestreo y control.

Eso implicaría sustituir capacidades propias del organismo por mecanismos que dependen de otras fuentes de información y de acuerdos todavía sujetos a implementación. “Como si el consumidor, frente a una góndola, pudiera comprobar por sí solo la calidad, la composición, la inocuidad y las condiciones en las que fue producido aquello que compra”, ironizan.

“La libertad del consumidor no consiste en abandonarlo a su suerte, sino en garantizarle que lo que compra ha sido sometido a controles adecuados”, sostienen. Y remarcan: “El prestigio de un producto no se decreta. Se construye con trabajo, conocimiento, controles y responsabilidad. Y puede destruirse cuando, en nombre de una libertad abstracta, se permite que la búsqueda irrestricta de rentabilidad prevalezca sobre la calidad, la salud, el ambiente y las condiciones de vida de quienes producen”.

Concentración y competencia

En el tramo final, las entidades apuntan al argumento desregulador. “La concentración económica no es sinónimo de competencia. Cuando unos pocos actores acumulan poder para condicionar los precios y las reglas de funcionamiento de una cadena, la desregulación no elimina el poder: lo desplaza desde las instituciones públicas hacia quienes ya disponen de la mayor capacidad económica para imponer sus intereses”, afirman.

Bajo ese esquema, concluyen, la explotación de los trabajadores y el deterioro ambiental dejan de ser externalidades accidentales y pasan a convertirse en cuestiones estructurales del modelo. El uso de agroquímicos, la protección de los suelos, la calidad de la materia prima y la inocuidad del alimento no pueden quedar subordinados a la conveniencia económica de cada operador: son dimensiones inseparables de la sustentabilidad productiva y de la confianza que los mercados internacionales depositan en la yerba mate argentina.