Soberanía: los 13 giros que el oficialismo aceptó para salvar la ley

La Libertad Avanza logró destrabar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional después de dos semanas de negociaciones y consiguió un dictamen de mayoría. El texto que llegará al recinto el 12 de noviembre ya no es el que envió el Poder Ejecutivo: creció de 133 a 154 artículos y acumula modificaciones en penas, Malvinas, inversiones extranjeras y facultades de seguridad.

Según el dictamen, los cambios más sensibles llegaron tras las presiones de Estados Unidos. El oficialismo tuvo que delimitar las prohibiciones sobre los recursos de las Islas Malvinas, revisar las escalas penales, crear una comisión bicameral de control y armar un régimen nuevo para evaluar inversiones de Estados extranjeros en sectores estratégicos.

Malvinas: prohibiciones más acotadas y excepciones

El borrador reescribe el alcance de las restricciones económicas sobre exploración y explotación de recursos naturales de las Islas. La referencia amplia a los espacios marítimos e insulares alcanzados se reemplaza por otra que apunta a los espacios circundantes.

También se precisa qué operaciones quedan prohibidas: la norma se concentra en la provisión de bienes y servicios esenciales y contempla si quien los suministra sabía, o debía saber, que serían utilizados en esas actividades.

Hay más: se incorporan excepciones para participaciones de hasta el 2% en una empresa y para algunos fondos de inversión que no deciden directamente qué títulos comprar o vender. En la práctica, ciertos vínculos económicos indirectos podrían quedar fuera de las prohibiciones si cumplen las condiciones previstas.

Multas, registros y condena firme

En materia sancionatoria, el dictamen fija multas de entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido ilegalmente en determinados casos. Además, eleva otra escala vinculada con el petróleo: pasa de 1.000-20.000 a 2.000-40.000 barriles.

Para inscribir a una persona en el registro de infractores ahora se exige una condena penal firme. El texto también modifica reglas sobre apelaciones y sentencias extranjeras.

Cómo quedan las penas

El proyecto reorganiza las sanciones por actividades ilegales vinculadas con recursos naturales e hidrocarburos. La pena mínima para determinados proveedores baja de cinco a dos años.

En paralelo, se establecen penas de ocho a doce años para explorar recursos no renovables y de 12 a 15 años para explorar hidrocarburos. Se suman sanciones para empresas, decomisos y agravantes por daño ambiental grave.

Regularización con garantía y fondos para Defensa

El dictamen abre la puerta a regularizar actividades que incumplan la Ley 26.659 y las nuevas disposiciones. El mecanismo exige un plan de inversión técnica y económicamente viable y una garantía irrevocable equivalente a la multa.

Lo recaudado se destinará al Ministerio de Defensa para financiar el reequipamiento y mejorar sus capacidades.

Consejo de Seguridad Nacional: funciones más acotadas

El texto redefine las funciones del Consejo de Seguridad Nacional y limita su intervención en asuntos de seguridad interior. Le permite elaborar estrategias y actuar en cuestiones vinculadas con infraestructuras críticas y riesgos externos.

Para declarar crítica una infraestructura se exigirán criterios objetivos y decisiones fundadas, con consultas a reguladores y operadores.

Una comisión bicameral para seguir las medidas

Se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores. El organismo recibirá información sobre determinadas medidas, que como regla general deberán comunicarse dentro de las 48 horas.

También intervendrá en casos específicos relacionados con vuelos y embarcaciones.

Aeronaves y embarcaciones: la fuerza como último recurso

El Comando Conjunto Aeroespacial quedará a cargo de vigilar, identificar e interceptar aeronaves. El uso de la fuerza será el último recurso y requerirá una orden presidencial, delegable en el ministro de Defensa.

En el ámbito marítimo, el dictamen delimita las funciones del Comando Conjunto Marítimo y de la Prefectura Naval.

Infraestructuras críticas y un límite para las telecomunicaciones

La propuesta establece consultas con reguladores, propietarios y operadores para proteger las infraestructuras críticas. En telecomunicaciones, las facultades estarán limitadas a resguardar redes y sistemas: no podrán usarse para monitorear, acceder, restringir ni bloquear los contenidos transmitidos.

Infracciones contra la seguridad nacional

El dictamen redefine las infracciones contra la seguridad nacional y, en general, exige una conducta deliberada y un daño o impacto concreto. Incluye acciones de injerencia extranjera mediante métodos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilegales.

Además, elimina algunas sanciones económicas previstas originalmente, como la pérdida de beneficios fiscales y subsidios.

Inversiones extranjeras: nuevo régimen de evaluación

Se incorpora un régimen para evaluar inversiones de Estados extranjeros y empresas bajo su control en sectores estratégicos: defensa, energía, minería, telecomunicaciones e infraestructuras críticas.

Ante operaciones no autorizadas, el Gobierno podrá revocar habilitaciones o exigir la venta de participaciones, según el procedimiento previsto. El texto contempla excepciones para operaciones comerciales habituales y reglas específicas para inversiones existentes y proyectos vinculados con el RIGI, sin modificar las competencias provinciales sobre recursos naturales.

Injerencia extranjera: qué conducta se castiga

La referencia original a campañas coordinadas de desinformación masiva se reemplaza por la figura de campaña de injerencia extranjera. La conducta deberá buscar alterar elecciones, afectar la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades mediante métodos clandestinos, engañosos, coercitivos o ilegales.

Las penas serán de cinco a doce años, y de ocho a quince años si existen amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. Quedan excluidas actividades legales como el periodismo, la investigación académica y la diplomacia.

Ley de Defensa Nacional y estructura ministerial

El texto incorpora las operaciones militares híbridas junto con las convencionales y suma disposiciones sobre la responsabilidad de los mandos por la conducta de sus subordinados. También fija reglas para proteger infraestructuras críticas declaradas objetivos estratégicos.

Por último, actualiza las referencias a la estructura del Gobierno y reemplaza la denominación Ministerio de Seguridad Nacional por Ministerio de Seguridad Interior en los artículos correspondientes. El cambio incluye el traslado de funciones y competencias, con transferencia de unidades, bienes, personal y partidas presupuestarias para sostener las tareas asignadas.

En otros apartados, el borrador mantiene las disposiciones del proyecto original e incorpora ajustes técnicos y cambios de numeración. El dictamen no equivale a una ley sancionada: la iniciativa todavía debe atravesar el debate legislativo y el texto puede modificarse durante su tratamiento en el Congreso.