Sin aviso y con los colectivos frenados, el Gobierno ya tiene un número en la cabeza para la UTA

La retención de servicios que la UTA activó en las primeras horas del miércoles en San Juan desató una reacción inmediata en la Subsecretaría de Trabajo, que calificó la medida como “totalmente ilegal” y adelantó que evalúa aplicar una multa al sindicato.

El subsecretario Franco Marchese aseguró que el gremio no presentó ninguna comunicación formal antes de que los colectivos dejaran de circular y anticipó que, una vez analizado el expediente, podría caer una sanción económica sobre la organización sindical.

“No ha habido ningún tipo de anuncio”

En diálogo con Radio Sarmiento, Marchese contó que se encontraba en Buenos Aires por razones laborales cuando, alrededor de las 7, empezó a recibir llamados que le avisaban que el transporte urbano se había detenido en la provincia.

“No ha habido ningún tipo de anuncio o comunicación formal”, afirmó el funcionario, que remarcó que la Subsecretaría no recibió ninguna presentación previa.

La protesta arrancó en medio del conflicto salarial entre los choferes y las empresas nucleadas en ATAP. Desde la UTA sostienen que existe una deuda vinculada con el acuerdo salarial para los trabajadores del interior y advirtieron que el servicio podría seguir afectado hasta obtener una respuesta concreta.

El argumento legal del Gobierno

Marchese fue duro al analizar cómo se gestó la retención. Según explicó, no había ingresado ningún escrito en la Subsecretaría de Trabajo antes de que los colectivos se detuvieran.

“En principio sería totalmente ilegal”, sostuvo. Y agregó: “No habría habido ningún tipo de presentación en la Subsecretaría, porque ya me lo hubieran elevado desde el día de ayer”.

El equipo de Trabajo se encuentra recopilando información y en contacto con otras áreas del Gobierno para determinar el alcance real de la medida. Para resolver, pedirán informes sobre qué servicios se interrumpieron, durante cuánto tiempo, cuántos trabajadores participaron y cuál fue el grado de intervención del sindicato.

“Hay que ver la calificación legal, pero es una medida que como mínimo debería ser ilegal y vamos a ver las sanciones respectivas, que sean de carácter monetario al sindicato”, afirmó.

El funcionario también marcó diferencias entre organismos: la Subsecretaría de Trabajo analizará la conducta del sindicato, mientras que una eventual responsabilidad de las empresas transportistas quedará en manos de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

El plan de contingencia que nunca llegó

Uno de los puntos en los que Marchese más insistió fue la falta de aviso previo y la ausencia de un esquema que garantizara la continuidad parcial del servicio. Según explicó, la UTA debía comunicar formalmente la medida y presentar un plan de contingencia que estableciera cómo funcionaría el transporte durante la protesta.

“Ellos no solamente no cumplieron, sino que no avisaron”, cuestionó. Y profundizó: “Tienen que avisar con anticipación y además acompañar un plan de contingencia. No cumplieron con nada de eso, los requisitos legales”.

La Ley de Modernización Laboral modificó en 2026 el régimen nacional de conflictos colectivos e incorporó obligaciones específicas de preaviso y prestación mínima para actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental. El transporte terrestre de personas quedó incluido en esa categoría.

Más allá de la discusión jurídica sobre cómo se aplica la normativa a un conflicto provincial, Marchese sostuvo que el incumplimiento será uno de los ejes centrales que analizará el organismo al momento de definir una eventual sanción.

“Debería haber una multa segura”

La frase más fuerte llegó cuando le preguntaron directamente qué consecuencias podría tener la medida. Aunque aclaró que primero deberá analizar formalmente el expediente, Marchese adelantó cuál es el escenario que considera más probable.

“Si en teoría, como venimos diciendo, debería haber una multa segura”, expresó.

El subsecretario regresará este miércoles por la noche a San Juan y anticipó que el jueves por la mañana se abocará al expediente con los informes de las distintas áreas. Recién entonces se definirá formalmente la calificación de la retención y el monto de una eventual sanción.

La advertencia cobra más peso ante la posibilidad de que la protesta continúe. Durante la mañana, representantes de los trabajadores señalaron que no podían garantizar un horario para la normalización del servicio y que la medida podría extenderse si no reciben una respuesta sobre el reclamo salarial.

Consultado sobre nuevas retenciones durante el mediodía, la tarde o la noche, Marchese advirtió que cada interrupción adicional sin notificación podría sumarse al análisis. “Si es grave, como usted me lo está diciendo, deberá aplicarse una sanción grave”, sostuvo.

El funcionario cerró reafirmando la postura preliminar del área: “Por toda la información que estamos teniendo, la medida sería ilegal y correspondería sanción al respecto”.