Simulaban pagos a jubilados muertos: tres empleados de la Caja quedaron imputados
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Simulaban pagos a jubilados muertos: tres empleados de la Caja quedaron imputados

Una auditoría interna destapó en la Caja de Jubilaciones de Cañada de Gómez un circuito de pagos que terminaba en cuentas de los propios empleados del Municipio. Tres quedaron imputados por el desvío, y el monto que maneja la causa es el dato que la Justicia todavía está terminando de cerrar.

Tres trabajadores del Municipio de Cañada de Gómez quedaron imputados como coautores de defraudación contra la administración pública, señalados por su presunta participación en un entramado que habría redirigido más de 76 millones de pesos desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones local hacia cuentas bancarias propias.

La investigación sostiene que los movimientos irregulares se extendieron entre noviembre de 2025 y junio de 2026. El mecanismo, según la pesquisa, consistía en simular pagos a jubilados ya fallecidos, a beneficiarios que no existían y a personas que nunca formaron parte del sistema previsional.

Cuánto habría ido a cada cuenta

El reparto del dinero desviado, siempre de acuerdo con la hipótesis de la causa, no fue parejo. La principal acusada, que tenía a su cargo la propia Caja, habría acumulado más de 25 millones de pesos. Los otros dos empleados involucrados habrían recibido transferencias superiores a los 24 y 27 millones, respectivamente.

La maniobra quedó al descubierto en junio, cuando una auditoría interna detectó anomalías en el circuito de pagos. A partir de ese hallazgo, el Municipio apartó de sus funciones a los agentes, abrió actuaciones administrativas y radicó la denuncia penal que derivó en la imputación.

Qué resolvió el juez

El juez Álvaro Campos dispuso que los tres imputados afronten el proceso en libertad. Sin embargo, deberán cumplir una serie de medidas restrictivas por 90 días: presentarse una vez por mes ante la Justicia, fijar domicilio y abstenerse de salir del país sin autorización.

Por ahora, la causa continúa en etapa de investigación y los acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una resolución definitiva.

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