Silenciadores y miras nocturnas: el Gobierno de Milei habilita su uso civil y enciende alarmas
El Gobierno de Milei habilitó el uso civil de silenciadores y miras nocturnas. ¿Qué implica esta medida y por qué genera controversia?
El Gobierno de Javier Milei dio un paso más en la desregulación de armas: ahora los civiles podrán registrar y usar silenciadores y miras nocturnas, dispositivos que hasta hace poco eran de uso exclusivamente militar. La medida, oficializada por el RENAR, ya genera fuertes críticas en el ámbito académico y judicial.
La Resolución 48/2026 del Registro Nacional de Armas, firmada por su director ejecutivo, Juan Pablo Allan, establece que los legítimos usuarios de armas de uso civil condicional podrán acceder a estos equipos. El único requisito es acreditar membresía en un club de tiro inscripto o presentar una licencia de caza vigente.
¿Qué implica la reclasificación?
Históricamente, los supresores de sonido y las miras nocturnas estaban catalogados como materiales de uso prohibido. Sin embargo, la administración libertaria los reclasificó como de "uso civil condicional", una categoría que permite su tenencia y comercialización.
Un punto que preocupa a los especialistas es que la registración de estos dispositivos será "autónoma" respecto de las armas. Es decir, el permiso no estará atado a un arma específica, lo que permitiría intercambiar un mismo silenciador o mira entre diferentes fusiles o pistolas del usuario.
Críticas y riesgos
Desde la plataforma académica DCCPP, especializada en Derecho Penal, advierten que esta medida no es una simple actualización burocrática, sino "una transformación conceptual" que incorpora al supresor como un bien registrable y comerciable de forma autónoma. Esto, según los expertos, dificulta el rastreo y la trazabilidad de los dispositivos, facilitando la creación de un mercado de equipos tácticos.
Además, informes sobre control de armas en Argentina señalan que la desregulación se lleva a cabo sin evidencia científica ni estadísticas que la respalden. Mientras los considerandos oficiales apelan a dogmas sobre la legítima defensa y la propiedad privada, la realidad de la violencia urbana queda en segundo plano.
