Siete estatales despedidos en un día en Neuquén: había una jefa médica que estaba en Estados Unidos

La política de tolerancia cero que impulsa el gobierno de Rolando Figueroa marcó un hito este lunes: en una sola jornada, siete agentes de la administración pública provincial fueron separados de sus cargos mediante decretos. Entre los cesanteados hay policías, profesionales de la salud y empleados que no justificaron sus ausencias, según consta en los expedientes oficiales.

La gestión presenta esta batería de despidos y exoneraciones como parte del fin de los privilegios y de una lucha contra los vicios de la llamada vieja política. Los controles y auditorías internas se volvieron más estrictos, y quienes no se ajustaron a las reglas empezaron a pagar las consecuencias.

Una jefa de gastroenterología que estaba en Estados Unidos

Uno de los casos que más llamó la atención es el de Flavia Alejandra González, quien se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén. Le imputaron abandono de cargo por no haberse reincorporado a sus tareas desde el 1 de marzo de 2024, cuando finalizó su licencia sin goce de haberes, hasta el inicio del sumario el 11 de septiembre de ese año.

Según el expediente, González no se presentó a la primera audiencia indagatoria y luego envió un correo electrónico explicando que no podía asistir por “su participación diaria en una capacitación en Estados Unidos”. La mujer aseguró que había renunciado, pero cuando le pidieron que remitiera el mail con la documentación de esa renuncia, no hubo respuesta.

En su defensa, argumentó que había ofrecido trabajar a distancia, pero desde el gobierno señalaron que eso “no concuerda con el régimen legal provincial”. Además, calificaron su conducta como “sumamente perjudicial” para el hospital y advirtieron que tolerar estas situaciones podría sentar un precedente negativo para el resto del personal que cumple con sus obligaciones.

Dos auxiliares de enfermería también quedaron afuera

Otro de los cesanteados fue Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán de Neuquén, quien registró ausencias continuas e injustificadas entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024. En su expediente remarcaron que “la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores fundamentales” en cualquier trabajo y que el incumplimiento puede acarrear consecuencias graves.

La tercera baja en el área de salud fue Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital “Dra. Alicia Cruz” de San Patricio del Chañar. Acumuló ausencias injustificadas en distintas semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024, y llegó a tener cuatro sumarios administrativos en su contra.

Policías despedidos por indisciplina y una denuncia grave

En la fuerza de seguridad también hubo movimientos. El ex sargento Osvaldo Américo Fuentes fue separado luego de que la Jefatura de Policía lo solicitara por una falta administrativa. Sobre él pesaba una denuncia por presunta violencia familiar radicada el 7 de septiembre de 2024 en Zapala, que derivó en una causa judicial por “amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual”. Los auditores consideraron que sus transgresiones eran “incompatibles con el accionar y las conductas exigibles al personal policial”.

La ex cabo Sabrina Andrea Bustamante Roncallo también fue despedida, pero por otra razón: acumuló 75 días de arresto policial por distintas indisciplinas. Y la ex sergento Rocío Ayelén Quintonahuel perdió su cargo por no reincorporarse al servicio tras una licencia excepcional sin goce de haberes que venció el 10 de enero de 2025.

Una empleada del ministerio de Gobierno que no apareció

La séptima cesantía fue para Micaela Nahir Barberis, planta permanente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. Faltó de manera injustificada durante varios períodos de 2024: del 9 de enero al 9 de febrero, del 14 de febrero al 27 de marzo, del 3 al 30 de abril y del 2 al 31 de mayo. En el expediente consta que fue citada a declaración indagatoria pero no compareció.

Como en todos los casos, el gobierno activó los mecanismos para recuperar los sueldos que estos agentes cobraron sin trabajar. Si no devuelven el dinero, la Fiscalía de Estado iniciará las actuaciones judiciales correspondientes.