Siete cesantías de una sola tanda en Neuquén: qué encontraron los sumarios

El Gobierno de Neuquén dejó afuera de la administración pública a siete agentes en una misma jornada, después de que los sumarios internos detectaran abandono de cargo, inasistencias injustificadas y otras faltas disciplinarias. La decisión, que se enmarca en la política de controles que impulsa la gestión de Rolando Figueroa, alcanzó a tres trabajadores de Salud, a tres efectivos de la Policía provincial y a una empleada del ex Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Desde el Ejecutivo presentan estas sanciones como parte del ordenamiento del Estado y del fin de los privilegios: la idea es distinguir a quienes cumplen con sus tareas de aquellos que se ausentan sin aviso o incurren en conductas incompatibles con su función.

Los casos en el sistema de Salud

Uno de los expedientes más llamativos es el de Flavia Alejandra González, que se desempeñaba como jefa de Gastroenterología del Hospital Castro Rendón. Según el sumario, no volvió a su puesto desde el 1 de marzo de 2024, cuando se le terminó una licencia sin goce de haberes, y esa situación se extendió hasta el 11 de septiembre de ese año, cuando se inició el proceso.

González faltó a la primera audiencia indagatoria y después explicó por correo electrónico que no podía asistir porque estaba participando en una capacitación diaria en Estados Unidos. Dijo que había renunciado al cargo, pero cuando le pidieron que mandara la documentación que lo probara, no respondió. También ofreció trabajar a distancia, aunque el expediente marcó que esa opción no encaja con el régimen legal provincial.

El documento oficial sostuvo que su conducta perjudicó al hospital y a la prestación del servicio, y advirtió que aceptar este tipo de situaciones sentaría un mal precedente para el resto del personal que cumple con sus obligaciones.

El segundo caso en Salud fue el de Juan Pablo Villagra, auxiliar de enfermería del Hospital Bouquet Roldán, con ausencias continuas e injustificadas entre el 26 de julio y el 13 de agosto de 2024. El expediente remarcó que la buena fe, el compromiso y la dedicación son valores esenciales en cualquier relación laboral.

La tercera cesantía recayó sobre Araceli Lilen Ferreyra, enfermera del Hospital Dra. Alicia Cruz de San Patricio del Chañar. En su contra constan inasistencias injustificadas en distintas semanas de junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2024, y se habían iniciado cuatro sumarios administrativos por su situación.

Las sanciones en la Policía

Entre los separados de la fuerza está el exsargento Osvaldo Américo Fuentes. La Jefatura de Policía pidió su cesantía después de que el procedimiento interno acreditara una falta prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial. Sobre Fuentes pesaba además una denuncia del 7 de septiembre de 2024 en Zapala por un presunto episodio de violencia familiar, que derivó en una causa penal por amenazas, lesiones agravadas y tentativa de abuso sexual. La investigación penal y el sumario administrativo avanzaron por carriles separados, y la cesantía se basó en las transgresiones comprobadas en el ámbito disciplinario.

Otra de las sanciones alcanzó a Sabrina Andrea Bustamante Roncallo, cabo del escalafón oficinista, que acumulaba 75 días de arresto policial por distintos hechos de indisciplina. Ese historial terminó por sellar su salida de la institución.

La tercera cesantía policial fue para Rocío Ayelén Quintonahuel, exsargento, por no volver al servicio. Había recibido una licencia excepcional sin goce de haberes el 10 de julio de 2024, que vencía el 10 de enero de 2025, pero no se reincorporó ni justificó su ausencia.

El caso del ex Ministerio de Gobierno

La séptima agente separada fue Micaela Nahir Barberis, de la planta permanente del entonces Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. El sumario acreditó ausencias injustificadas en varios tramos de 2024: del 9 de enero al 9 de febrero, del 14 de febrero al 27 de marzo, del 3 al 30 de abril y del 2 al 31 de mayo. Fue citada a declarar, pero no compareció, y sus reiteradas faltas se consideraron suficientes para configurar abandono de cargo.

La Provincia ya activó los mecanismos para recuperar los montos que estos agentes hubieran cobrado sin prestar servicios. Si no se restituyen, el caso pasará a la Fiscalía de Estado para iniciar las acciones judiciales correspondientes.