La Legislatura de Formosa aprobó el Presupuesto 2027 y dos nombres clave para la Justicia provincial. La oposición denunció apuro y apuntó contra un apellido que generó fuerte rechazo en el recinto.
La Cámara de Diputados de Formosa vivió este jueves por la tarde una sesión intensa, con dos designaciones para el Poder Judicial y el Presupuesto provincial 2027 como ejes de un debate que terminó con fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Los bloques opositores rechazaron tanto el proyecto presupuestario como la metodología con la que se aprobaron los nombramientos.
El presupuesto del Poder Legislativo: $48.138 millones y una estructura bajo la lupa
Uno de los puntos centrales del temario fue el presupuesto del Poder Legislativo para el ejercicio 2027, que asciende a $48.138.279.296. El diputado justicialista Sinforiano López, miembro informante, detalló la distribución de las partidas y calificó la previsión como austera para el funcionamiento de la Cámara.
Según explicó, el cálculo incluye gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y transferencias. La estructura contempla una planta permanente de 500 empleados, una planta temporaria de 1.350 trabajadores, además de los 30 diputados y las autoridades administrativas y legislativas del cuerpo.
López sostuvo que la estructura prevista no representa un movimiento significativo respecto del ejercicio anterior y defendió la asignación de recursos en función de las necesidades operativas del Poder Legislativo.
La oposición apuntó contra el gasto en personal
Desde la Unión Cívica Radical, el diputado Miguel Montoya rechazó el proyecto y centró sus críticas en la composición del presupuesto, especialmente en los salarios. Señaló que de los más de $48.138 millones previstos, alrededor de $45.500 millones corresponden a gastos de personal, lo que equivale a cerca del 95% del total.
Montoya también cuestionó la falta de información detallada sobre cómo se distribuyen los cargos dentro de la estructura legislativa: quién administra esos puestos, con qué criterios se asignan y de qué manera se reparten los recursos públicos destinados al funcionamiento del cuerpo.
El legislador radical advirtió que el tratamiento de este tipo de iniciativas sin el tiempo suficiente impide profundizar el análisis y formular las preguntas necesarias. Aclaró que sus objeciones no apuntaban a los recursos personales de los diputados, sino a la administración de los cargos y fondos públicos de la Legislatura. El proyecto fue rechazado por los legisladores opositores.
Pedro Schaffer, nuevo defensor general del Ministerio Público
Otro de los asuntos centrales fue la designación del doctor Pedro Gustavo Schaffer como defensor general del Ministerio Público, una propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo que contó con el respaldo del oficialismo.
El nombramiento generó cuestionamientos de la oposición, principalmente por la modalidad de tratamiento sobre tablas, sin un debate previo en comisión. Montoya consideró que se trata de un cargo de gran importancia dentro del nuevo esquema institucional de la Justicia provincial y que el procedimiento utilizado le resta jerarquía a la designación.
Si bien dijo conocer personalmente a Schaffer y no tener objeciones sobre sus condiciones profesionales, jurídicas y personales, cuestionó que la Legislatura se haya limitado a tomar conocimiento de la propuesta durante la sesión, sin instancias previas de análisis. «El tratamiento que le dan degrada la función», expresó, y reclamó que las designaciones de esta relevancia se discutan en comisión, con tiempo suficiente para evaluar los antecedentes de los postulantes.
En la misma línea se pronunció la diputada Emilia Maciel, quien señaló que conoce profesionalmente a Schaffer, con quien realizó una especialización, y aseguró que no tenía dudas sobre su formación y antecedentes. Sin embargo, cuestionó que el nombramiento se haya aprobado sin tratamiento previo en comisión y sin una audiencia pública que permitiera analizar la propuesta. También expresó su preocupación por la falta de institucionalidad en el procedimiento y pidió que futuras designaciones cuenten con mayores instancias de participación legislativa.
Gisel Insfrán al STJ: el parentesco que desató la polémica
El punto más controvertido de la sesión fue la designación de la doctora Gisel Mabel Insfrán como ministra del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. La propuesta, también enviada por el Poder Ejecutivo, generó un fuerte rechazo de los legisladores opositores, que cuestionaron tanto el tratamiento sobre tablas como el vínculo familiar de la postulante con el gobernador Gildo Insfrán.
La diputada radical Agostina Villaggi consideró que la designación representa un nuevo retroceso para la independencia del Poder Judicial provincial. Aclaró que sus cuestionamientos no estaban relacionados con la capacidad profesional de Insfrán, sino con su parentesco con el mandatario provincial, y sostuvo que el nombramiento evidencia, a su entender, la intención del Gobierno de mantener influencia sobre el funcionamiento de la Justicia.
«Todos en Formosa queda en familia», manifestó Villaggi, quien también cuestionó que el nombramiento se haya tratado de manera apresurada, sin un análisis previo en las comisiones legislativas. Además, afirmó que el Superior Tribunal de Justicia debe estar integrado por personas capaces de garantizar independencia frente a las presiones políticas y vinculó sus críticas con el escenario institucional de la provincia y con los cuestionamientos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó anteriormente sobre la reelección indefinida.
El oficialismo salió a defender la postulación
En respuesta a los cuestionamientos, el diputado justicialista Agustín Samaniego defendió la designación de Gisel Insfrán y rechazó que el parentesco familiar constituya un motivo para objetar su llegada al máximo tribunal provincial.
Sostuvo que los vínculos familiares no deben convertirse en un impedimento para acceder a cargos públicos y consideró injusto que una persona sea cuestionada por las actividades o antecedentes políticos de otros integrantes de su familia. En ese marco, mencionó que en distintos espacios legislativos hubo dirigentes pertenecientes a familias con trayectoria política y cuestionó lo que consideró una postura contradictoria de la oposición frente a otras designaciones.
También recordó los nombramientos de integrantes de la Corte Suprema realizados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y criticó las objeciones opositoras hacia las decisiones institucionales del oficialismo. Finalmente, defendió la trayectoria de la postulante y afirmó que se trata de una abogada con condiciones profesionales y personales para desempeñarse en el cargo, y que su designación constituye un reconocimiento a su formación y a su capacidad.