Senadores salteños pactan consulta previa con pueblos originarios antes de debatir la ley de fibra de vicuña

En una reunión plenaria que reunió a legisladores y funcionarios, se acordó impulsar un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades originarias antes de que el proyecto de ley sobre la fibra de vicuña llegue al recinto. La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados, busca regular la conservación y el aprovechamiento sustentable de la especie en Salta.

El encuentro, convocado por las comisiones de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, y de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, fue encabezado por el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad. Participaron los senadores Gonzalo Caro Dávalos, Walter Cruz, Arnaldo Altamirano, Dani Nolasco, Carlos Guitián, Alejandra Navarro, Esteban D’Andrea, Roque Cornejo, Gonzalo Guaymás, Enrique Cornejo, Juan Cruz Curá, Rolando Guaimás, Sergio Saldaño y Carlos López.

Por el Poder Ejecutivo estuvieron el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; el subsecretario de Gestión Productiva, Pablo Savoy; el subsecretario Normando Zúñiga; Daniela Ibañez y la médica veterinaria Melina Yampotis.

Qué establece el proyecto de ley

La iniciativa, que llega con la aprobación de la Cámara de Diputados, vincula la conservación ambiental con el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. Establece el aprovechamiento exclusivo de la fibra mediante la esquila por el método ancestral del “chaku”, manteniendo la prohibición absoluta sobre el cuero y la carne, así como de la caza y tenencia no autorizada.

Además, declara zonas de reserva e interés a los departamentos de Cachi, Molinos, San Carlos, La Poma, Los Andes, Rosario de Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafayate. Los ingresos generados se destinarían prioritariamente a la retribución de los productores y artesanos locales.

El valor de la especie y la necesidad de actualizar la norma

Durante su exposición, la veterinaria Yampotis repasó el contexto normativo e histórico de la vicuña. Recordó el Convenio Internacional de 1969 —al que Argentina adhirió en 1971—, la catalogación de la especie en peligro de extinción por CITES en 1975, el convenio regional de 1979 ratificado por Ley Nacional N° 23.582 en 1988, y la vigente Ley Provincial N° 6.709 de 1993.

Explicó que la especie pasó de tener apenas 2.000 ejemplares en el país durante los años 60 a contabilizar 58.387 en el censo provincial de 2018. Eso permitió que en 2019 se lograra la enmienda CITES para transferir la población de Salta del Apéndice I al Apéndice II. Yampotis remarcó que la legalización del aprovechamiento sustentable de la fibra permite potenciar la protección de la especie y combatir la caza furtiva.

Por su parte, Dorigato advirtió que la falta de un marco regulatorio local genera una situación desventajosa frente a provincias vecinas, que ya cuentan con legislación para realizar esquilas y podrían arrear a las vicuñas a sus límites territoriales.

Savoy precisó que la iniciativa busca actualizar el marco normativo provincial para adecuarlo a la legislación internacional, potenciar la conservación y posicionar a Salta en el mercado de la fibra. Se analizaron en detalle las normativas de Jujuy y Catamarca, con el objetivo de desarrollar una cadena de valor que beneficie directamente a los pobladores de la Puna.

Los reclamos de los legisladores

Durante la ronda de consultas, los legisladores plantearon diversos requerimientos. Guitián enfatizó que las comunidades exigen ser parte en la ocupación de la mano de obra local y participar activamente de todo el proceso. Caro Dávalos pidió precisar el alcance conceptual de “poblador local” en el texto normativo.

Altamirano remarcó que los habitantes de su departamento conviven a diario con la vicuña y subrayó que el chaku no es solo una actividad productiva, sino que posee una profunda dimensión espiritual y cultural. Cruz advirtió sobre el temor de las comunidades a ser despojadas de un recurso propio y solicitó garantizar el proceso participativo mediante la consulta previa, libre e informada. Expresó que es preferible asentar estas garantías en el texto de la ley antes que en la reglamentación.

Navarro consultó si se consideró el trabajo previo de la Mesa de la Vicuña y advirtió que los pobladores sienten que solo se los contempla para el proceso primario de extracción y no dentro de la cadena de valor agregado.

Compromiso formal de consulta

En respuesta a las inquietudes, los funcionarios asumieron el compromiso formal de organizar en agosto el proceso participativo de consulta previa, libre e informada con las comunidades originarias de la Puna y Valles Calchaquíes. Dicha instancia abarcará los planes de manejo y las bases de la reglamentación para incorporar los aportes territoriales antes de avanzar con el tratamiento en el recinto.

Al cierre, el senador Lapad valoró la apertura del proceso participativo e instó a continuar escuchando a todos los sectores para redactar la mejor ley para la provincia, priorizando el beneficio de los departamentos que albergan a las poblaciones de vicuñas.