Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad: los cuatro puntos que cambian todo
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Senado aprobó la nueva Ley de Discapacidad: los cuatro puntos que cambian todo

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y reemplaza la emergencia que vence el 31 de diciembre. Cuatro ejes cambian el esquema: pensión, trabajo, auditorías y deudas. ¿Qué pasa con quienes cobran y trabajan a la vez?

El Senado convirtió en ley este jueves el nuevo régimen para personas con discapacidad, con el voto unánime de los presentes. La Cámara alta ratificó así el texto que Diputados ya había respaldado con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. La norma reemplaza el esquema de emergencia que rige hasta fin de año y establece un marco permanente para las políticas del sector.

El artículo primero fija el objetivo: "superar la situación de emergencia" y consolidar de manera definitiva las políticas para las personas con discapacidad. La ley es de orden público y se aplica en todo el territorio argentino. La emergencia, aprobada por el Congreso en 2025 tras rechazar el veto del presidente Javier Milei, caduca el 31 de diciembre. El nuevo texto deroga tres artículos de esa norma y ratifica el resto, incluido el que la emergencia había incorporado a la Ley 24.901 de prestaciones básicas y la ley de empleo protegido.

Pensión: mismo monto, mismos requisitos

La pensión no contributiva por discapacidad continúa en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se ajusta según las reglas previsionales vigentes. No hay aumento extra previsto. Para cobrarla sigue siendo obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con DNI. Los extranjeros deben demostrar cinco años de residencia legal continuada en el país antes de solicitarla.

El ingreso neto del beneficiario no puede alcanzar ni superar dos salarios mínimos. Se evalúa la situación individual, no la del grupo familiar. Tampoco se puede estar cobrando otra jubilación, retiro o pensión, ni la asignación universal o la asignación familiar por hijo con discapacidad. Además, se exige aprobar una evaluación socioeconómica cuyos criterios fijará la reglamentación junto con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS). Quien sea dueño de una vivienda deberá probar que es su única casa familiar. Las pensiones por invalidez laboral mantienen sus propios requisitos.

Trabajo y pensión, compatibles

Uno de los ejes centrales es que la pensión no se pierde al trabajar. Las personas con CUD pueden tener un empleo formal, estar en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos. Si los superan, el beneficio se suspende automáticamente mientras dure esa situación. Cuando el trabajo termina o los ingresos bajan del límite, el titular puede pedir la rehabilitación inmediata y vuelve a cobrar desde la fecha de la solicitud.

Los beneficiarios de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tienen derecho a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas de la Ley 24.901. El texto también obliga a los prestadores de ese sistema a capacitar a su personal en derechos, para garantizar una atención "no discriminatoria, sensible, respetuosa y accesible". Para los empleadores se mantiene el beneficio existente por contratar de forma indeterminada a trabajadores con discapacidad.

Auditorías con cruce de datos

La ley crea un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud. Para verificar requisitos, la Secretaría cruzará datos con ANSES, la Secretaría de Trabajo, ARCA, el SINTyS y el ReNaPer. El texto la exceptúa del secreto fiscal para poder hacerlo. Si detecta un incumplimiento, debe notificar al titular y darle el plazo que marca el derecho administrativo para presentar descargos. Vencido ese plazo, puede suspender la pensión de manera preventiva. Si la persona considera que no incumplió, puede pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva el caso.

El financiamiento sale de partidas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones, atención médica y prevención. Si no alcanzan, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro. La ley establece que las leyes de presupuesto deben garantizar un crédito suficiente y que el ingreso por beneficiario no puede ser menor, en términos reales, al del año anterior. La Jefatura de Gabinete puede reasignar fondos para evitar cortes en las prestaciones.

Deudas con prestadores y reglamentación

El texto incluye una cláusula para saldar las compensaciones que la emergencia prometió a los prestadores y que siguen pendientes. La Secretaría de Discapacidad debe notificar y publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia. La cancelación total debe completarse en 90 días para quienes hayan terminado el trámite. La ley aclara que el fin de la emergencia no afecta ese derecho.

Por otro lado, el Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente cuánto gasta en estos programas, cuánto valen los aranceles de las prestaciones básicas y cuántas pensiones paga y por qué monto. El Poder Ejecutivo debe definir la autoridad de aplicación y tiene 30 días hábiles para reglamentar la norma, que entra en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.

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