¿Qué cambió en solo tres semanas para que el Concejo diera marcha atrás y habilitara el descubierto de $500 millones que antes había rechazado?
El Concejo Deliberante de Villa de Merlo aprobó este jueves el descubierto bancario de hasta 500 millones de pesos que había pedido el intendente Juan Álvarez Pinto, en una sesión tensa donde la oposición volvió a cuestionar la legalidad de la maniobra y el estado de las cuentas municipales. El resultado fue de seis votos a favor y cuatro en contra.
La aprobación llega apenas tres semanas después de que el mismo cuerpo rechazara tres proyectos de financiamiento por un total de 1.900 millones de pesos, presentados durante la gestión interina de Leonardo Rodríguez. Ahora, con Álvarez Pinto ya al frente del Ejecutivo, el oficialismo logró reunir los votos que antes le faltaron.
La jornada tuvo además un condimento político: significó el retorno de Rodríguez a la presidencia del Concejo, tras casi dos años al frente de la Municipalidad. Fue él quien condujo el debate y quien, además, votó a favor del proyecto.
Qué autoriza la ordenanza
El despacho de mayoría habilita al Ejecutivo a firmar un acuerdo en cuenta corriente con el Banco Supervielle por hasta 500 millones de pesos, a través de giros en descubierto rotativos y de usos múltiples.
Según el texto aprobado, esos fondos podrán destinarse a cubrir obligaciones con el personal municipal, proveedores y contratistas, además de garantizar la continuidad de los servicios públicos y el mantenimiento de infraestructura.
Cada utilización tendrá un plazo máximo de 30 días y pagará una tasa de interés variable, que se definirá según las condiciones que ofrezca la entidad financiera en cada momento. La ordenanza también pone un doble límite: el saldo utilizado no podrá superar los 500 millones de pesos de forma simultánea ni representar más del 10% de los recursos corrientes proyectados en el presupuesto municipal vigente.
Otro punto clave: la cuenta deberá quedar con saldo cero al 31 de diciembre de cada año. El Ejecutivo justificó el pedido en los desfasajes entre los ingresos de coparticipación provincial —que suelen acreditarse los días 10, 20 y 30 de cada mes— y los vencimientos de las obligaciones municipales. La norma sostiene que se trata de una operación transitoria de tesorería y la excluye de manera expresa del régimen general de endeudamiento a largo plazo.
Los argumentos de la oposición
Los concejales opositores presentaron un despacho de minoría pidiendo el rechazo. Sostuvieron que el proyecto vulneraría el artículo 80 del Reglamento Interno, que prohíbe volver a tratar iniciativas desechadas dentro del mismo año legislativo.
También pusieron en duda su compatibilidad con el artículo 258, inciso 12, de la Constitución de San Luis, que fija las condiciones para contratar empréstitos municipales. Para la oposición, aunque cambiaron el monto y los destinos, el nuevo pedido mantiene la misma finalidad: financiar gastos habituales de la administración a través de una operación bancaria.
Además, reclamaron información más precisa sobre las cuentas del municipio y propusieron como alternativa solicitar anticipos de coparticipación al Gobierno provincial.
Cómo votó cada concejal
El proyecto se aprobó con seis votos a favor y cuatro en contra. Respaldaron la iniciativa María José Álvarez, Lucas Di Diego, José Cornejo, Magalí Albornoz, Patricia Morandé y Leonardo Rodríguez. Rechazaron Daniel Orué, Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Mauricio Lamas.
El resultado dejó abierta una controversia jurídica. El oficialismo entiende que el descubierto es una operación de caja y que, por lo tanto, no necesita las mayorías especiales que se exigen para los empréstitos. La oposición, en cambio, lo considera un crédito bancario que requería el respaldo de dos tercios del Concejo, es decir, siete votos sobre diez.
La aprobación legislativa solo autoriza al Ejecutivo a formalizar el acuerdo con el Banco Supervielle; no significa que los 500 millones de pesos ya se hayan utilizado. La ordenanza obliga a la Municipalidad a informar al Concejo los montos efectivamente empleados, las cancelaciones realizadas y los saldos pendientes. Tampoco fija una tasa de interés numérica: su determinación queda sujeta a las condiciones bancarias vigentes al momento de cada utilización.
