Seis mujeres desaparecidas en Catamarca: una de las búsquedas sigue abierta y su pareja podría quedar libre

Seis familias catamarqueñas siguen sin respuestas. Entre enero de 2004 y agosto de 2026, al menos seis mujeres desaparecieron en la provincia y sus casos continúan sin resolverse. La más reciente es Maira Romina Cabrera, de 27 años, vista por última vez el 10 de agosto en Telarito, departamento La Paz, y por cuya desaparición está imputado su pareja, Eduardo Cejas, alias "Pumpuna", quien podría recuperar la libertad en las próximas horas.

Los casos que marcaron a Catamarca

Alicia Verónica Nieva tenía 31 años cuando salió de la fábrica donde trabajaba, sobre la Ruta Provincial 33, en Sumalao, Valle Viejo, el 21 de enero de 2004. Esa jornada había pedido retirarse antes y le dejó sus pertenencias a una compañera. Vivía con sus padres, quienes denunciaron su ausencia cuando no regresó ni avisó. La ciudad se llenó de carteles con su rostro y llegaron llamados que la ubicaban en Las Juntas o Mendoza, pero ninguna pista prosperó. Su hermana sostuvo la búsqueda durante años. La causa permanece estancada.

Eva Esther Acosta, maestra de grado de 29 años y madre de una nena de 4, fue vista por última vez en agosto de 2005. Su esposo, policía, dijo a la familia que tras una pelea ella se había ido de la casa que compartían en el barrio Libertador II. La madre de Eva sospechó que algo malo había ocurrido: aseguró que tenían una relación excelente y que su hija jamás habría abandonado a la nena. Según publicaciones de 2010, la Justicia no halló trámites, deudas ni rastros de su paradero, y Eva nunca volvió a cobrar el fondo de desempleo que percibía.

Elsa Beatriz Narváez, ama de casa de 45 años, vivía en El Bañado, Valle Viejo, con sus hijos de 9 y 12. La noche del viernes 3 de marzo de 2006 los dejó al cuidado de una vecina para ir a bailar y no se supo más de ella. Su madre denunció recién el 4 de abril, un mes después. En la vivienda aparecieron gotas de sangre en el baño y se ordenaron rastrillajes que incluyeron el destapado de la fosa, sin resultados. Su ropa, sus documentos y la tarjeta con la que cobraba un plan social seguían en su casa. Hubo testimonios sobre una relación conflictiva con su expareja, con quien había realizado exposiciones policiales, pero nunca se confirmaron sospechas. A diferencia de otros casos, el suyo no trascendió en los medios ni su entorno reclamó públicamente.

Sandra Mabel Madueño tenía 29 años y dos hijos de 10 y 13. El 23 de noviembre de 2009 salió con una linterna y una vianda para llevarle la cena a su pareja, sereno en La Ripiera, en la zona industrial de El Pantanillo, una rutina diaria. Fue vista por última vez en la zona sur de la ciudad. Su hermano, Jacobo Madueño, denunció dos días después. Su pareja, de 51 años, fue arrestada y liberada a los pocos días. Se rastrilló la zona sur, el dique El Jumeal y la Gruta de la Virgen del Valle con perros adiestrados traídos de Córdoba. También se revisó una laguna cercana a La Ripiera sur, donde se hablaba de restos óseos que resultaron ser de animales. Todos los operativos fueron negativos.

María Cristina Montoya, docente de Santa María, desapareció el 28 de octubre de 2011. Había tomado notoriedad al denunciar que una araña viuda negra la picó en la escuela donde trabajaba, lo que le provocó complicaciones de salud. A 12 años del hecho, su hija Agostina Delgado criticó la actuación de la fiscalía y la policía: dijo que intervinieron los teléfonos de la familia en lugar de buscarla. Contó además que nunca recibieron ayuda del Estado y que alguien cobró el sueldo de su madre durante nueve meses.

El caso Maira Cabrera: 40 días sin pistas

Maira Cabrera, de 27 años, desapareció el 10 de agosto en Telarito. Su familia denunció el 14 y se inició el expediente de búsqueda, al que se sumó una causa paralela que tiene como protagonista a Eduardo Cejas (36), pareja de la joven, aunque él lo niega terminantemente.

La búsqueda está a cargo de la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Jorgelina Sobh, y del fiscal coadyuvante Luis Eduardo Córdoba Andreatta. Intervinieron decenas de agentes de la División Homicidios, Criminalística, el Laboratorio de Toxicología y Química Legal, sumariantes de la Unidad Judicial N° 2 y personal de Fiscalía especializado en informática.

También participaron efectivos de la División Trata de Personas, de Canes con perros adiestrados para hallar personas vivas y restos cadavéricos, del Grupo Drones para relevamientos aéreos, y buzos del Grupo Especial de Rescate (GER) para examinar pozos de agua, cisternas y aljibes. A la pesquisa se sumó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ejecuta en forma exclusiva las intervenciones telefónicas y de otros soportes de comunicación requeridas legalmente.

La causa paralela que complica a Cejas

El 15 de agosto, el imputado fue arrestado provisoriamente en averiguación del hecho en el destacamento policial de Telarito. Tras pedir permiso para ir al baño, golpeó a un agente y huyó. Poco después, acompañado por el abogado Luis Tula —uno de los condenados por el crimen de María Soledad Morales—, se entregó en una sede policial de la Capital.

El 12 de septiembre se sumó otro hecho: durante un allanamiento judicial en su vivienda de Telarito, Cejas advirtió la llegada de los efectivos e intentó huir corriendo por un campo. Tras una breve persecución, la policía logró interceptarlo, reducirlo y arrestarlo.

Ambos episodios son investigados por el fiscal Córdoba Andreatta, quien lo imputó por "resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (primer hecho) y resistencia a la autoridad (segundo hecho), en concurso real y en calidad de autor". Al ser indagado con la asistencia de un defensor oficial, el acusado optó por mantenerse en silencio. Posteriormente, en la audiencia de control de garantías, la jueza Mas Saadi le confirmó la detención e intimó al fiscal a definir su situación procesal en un plazo de ocho días.

El plazo vence en las próximas horas y, según fuentes judiciales, Cejas debería ser excarcelado, ya que, al tratarse de delitos menores, en caso de ser juzgado le correspondería una pena de prisión de hasta tres años de cumplimiento condicional. En esta oportunidad, la magistrada intervino subrogando al juez de Control de Garantías N° 1, Jonathan Felsztyna, quien había autorizado los allanamientos solicitados por la fiscal Sobh.