¿Se termina el monopolio? El proyecto que busca municipalizar la VTV en la Provincia

Un proyecto presentado por el referente del GEN en Guaminí, Ignacio Zavaleta, busca poner fin al sistema de concesiones privadas de la VTV en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, que ya fue girada a tres comisiones de la Cámara de Diputados, propone devolver a los municipios la facultad de realizar las revisiones técnicas vehiculares.

Según Zavaleta, el actual esquema de concesiones monopólicas, vigente desde 1996, genera una "caja" de entre 4.000 y 5.000 millones de pesos que queda en manos de "corporaciones concentradas o multinacionales", entre ellas capitales suecos que adquirieron empresas locales. "Esta concentración lesiona gravemente al interior bonaerense", afirmó.

¿Qué plantea exactamente el proyecto?

La iniciativa, presentada a fines del mes pasado en Laguna Alsina (Guaminí), propone modificar el artículo 16 de la Ley N° 13.927 (Código de Tránsito provincial) para adecuarlo al artículo 34 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, que promueve las revisiones técnicas en el ámbito municipal. De esta forma, se busca desmantelar el "esquema de concesiones monopólicas privadas" y permitir que los municipios presten el servicio público de control vehicular.

Zavaleta, exconcejal y exprecandidato a intendente, utilizó la Ley 10.589 —que habilita a ciudadanos a presentar proyectos— para impulsar el cambio. "El actual sistema centralizado lesiona severamente al interior provincial, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias ante la escasez de plantas móviles y los turnos colapsados", fustigó.

Un sistema que opera bajo prórrogas "opacas"

Según el texto presentado, el esquema actual data de 1996, cuando el Poder Ejecutivo provincial dividió el territorio bonaerense en zonas exclusivas por 20 años. Esos contratos expiraron en 2016, pero el sistema continúa operando bajo prórrogas que la iniciativa califica de "opacas". Zavaleta remarcó: "Ninguna reglamentación o prórroga contractual de carácter provincial puede subvertir la pirámide jurídica ni cercenar las facultades de los municipios para ejecutar una norma nacional de seguridad de la cual son los garantes primarios en el territorio".