Se presentaron como las herederas de un millonario, pero la Justicia sospecha que todo es una farsa

Un millonario patrimonio de seis millones de dólares está en el centro de una trama de falsificación documental que investiga la Justicia penal de Tucumán. Dos mujeres que se autoproclamaron herederas de un empresario fallecido por Covid-19 son las principales sospechosas de haber adulterado un testamento y un acta de matrimonio para quedarse con 20 inmuebles y una cuenta bancaria.

¿Quién era Guillermo César Lerner?

Guillermo César Lerner murió el 16 de abril de 2021 a los 73 años en el hospital Centro de Salud, tras contraer Covid-19. Nacido en Buenos Aires pero radicado desde pequeño en Tucumán, continuó el negocio familiar de comercialización de productos de limpieza y químicos industriales fundado por sus padres, Jacobo Lerner y Celia Luisa Cesario.

Al fallecer, no tenía herederos forzosos ni colaterales. Un allegado identificado como H. notificó al Estado provincial sobre la existencia de una herencia vacante. Según el abogado Santiago Martínez López Pondal, la ley provincial 2.461 establece que quien denuncia la vacancia puede recibir hasta el 50% del acervo hereditario, mientras que el resto ingresa a las arcas públicas.

El primer reclamo: una supuesta heredera universal

En abril de 2021, una mujer identificada como M.A.B. inició un juicio sucesorio en el fuero civil, alegando ser la única heredera testamentaria. Relató que comenzó a trabajar como administrativa en la empresa familiar en 1984, y que con los años desarrolló un vínculo afectivo estrecho con los Lerner. Afirmó que manejaba las cuentas bancarias y asistía en el cuidado personal y médico del empresario y sus padres.

Según su versión, en junio de 2020 Lerner firmó un testamento en el que la designaba heredera universal, en reconocimiento a más de cuatro décadas de colaboración.

La irrupción de una segunda mujer y las acusaciones cruzadas

En agosto de 2021, una segunda mujer, identificada como S.P.C., irrumpió en el proceso solicitando la suspensión de la sucesión. Presentó un acta de matrimonio que la vinculaba con el fallecido, supuestamente celebrada en 2019 en Alpachiri.

A partir de allí se desató una disputa judicial. M.A.B. denunció a S.P.C. por presunta falsificación de la firma y del documento de identidad de Lerner en el acta matrimonial. En sentido inverso, S.P.C. cuestionó la autenticidad del testamento, al sostener que habría sido firmado un sábado en plena vigencia de restricciones sanitarias por la pandemia y que la huella dactilar incorporada sería apócrifa.

Un pacto sospechoso y la denuncia penal

El conflicto dio un giro cuando ambas partes decidieron desistir de las acciones de falsedad en momentos clave del proceso, justo cuando se habían sorteado peritos calígrafos. En ese contexto, las dos mujeres firmaron un acuerdo para repartirse los bienes en partes iguales.

Ante esta situación, H. promovió una denuncia penal contra ambas antes de que avanzara la comercialización de los inmuebles. La causa es investigada por el fiscal Fernando Blanno, titular de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II. Como consecuencia, la jueza que interviene en el fuero civil dispuso suspender la autorización para la venta de los bienes.

Allanamientos y una venta bajo sospecha

En el marco de la investigación penal, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a las denunciadas, donde se secuestraron documentos y equipos informáticos. Además, se intervino una librería en la que, según la pesquisa, se habría impreso una huella digital del fallecido para incorporarla al testamento.

No obstante, el abogado denunció que una de las partes habría incumplido las restricciones judiciales al concretar la venta de un inmueble ubicado en avenida Perón y Bascary por un monto de 300.000 dólares.

¿Qué pasará con el patrimonio?

La querella anticipó que solicitará la intervención del Estado provincial en ambas instancias, tanto penal como civil, con el objetivo de que se determine la eventual falsedad de los documentos y que el patrimonio, en caso de confirmarse la inexistencia de herederos legítimos, sea incorporado a la provincia. Según planteó el representante legal, esos recursos podrían destinarse a obras públicas, como infraestructura educativa, soluciones habitacionales o asistencia social.